Washington, 20 de mayo. Ante el Congreso de Estados Unidos, el presidente Felipe Calderón demandó legislar para detener el tráfico de armas de ese país a México y reprobó la ley Arizona con un llamado a emprender una reforma migratoria integral que se ha atorado una década.

Cuando el mandatario mexicano aludió a estos temas, al acudir por primera vez a una sesión conjunta en el Capitolio, los dos partidos dirimieron sus diferencias. La minoría republicana encabezada por Mitch McConnell no aplaudió ni se puso de pie, mientras los demócratas expresaron su abierto respaldo con aplausos.

Antes de concluir su visita de Estado, Calderón presentó en inglés su visión de México como un país moderno. Resaltó la colaboración con Estados Unidos y su respeto a la “Constitución americana”, al tiempo que abordó puntos controvertidos de la relación bilateral.

Los líderes más importantes del Congreso estadunidense acudieron a esta sesión: los demócratas Nancy Pelosi, Cristopher Dodd, el ex candidato presidencial John Kerry, Dianne Feinstein y latinos influyentes como Bob Menéndez, lo mismo que John Lewis, veterano líder defensor de los derechos humanos.

De los 435 miembros de la Cámara de Representantes y 100 del Senado hubo varios ausentes, como suele ocurrir en estas citas. Los periodistas conocedores de este ritual señalaban los lugares vacíos en el salón plenario y cómo eran ocupados paulatinamente por jóvenes becarios vestidos de azul marino o por asesores.

Apegados al protocolo que se sigue en estas ceremonias, a lo largo de los 37 minutos que habló el michoacano los congresistas brindaron aplausos en varias ocasiones a su huésped y dejaron ver sus posturas divididas.

La primera vez que lo hicieron manifiesto fue cuando el Presidente planteó que la violencia en México coincide con la derogación en 2004 del Assault Weapons Ban, ley que prohibía la venta de armas de alto poder.

Expuso que se han decomisado 75 mil armas ilegales que eran usadas por los criminales, no sólo para atacar a bandas rivales, sino también a civiles mexicanos y a las autoridades locales. Y con el debido respeto, si ustedes no regulan adecuadamente la venta de estas armas, nada garantiza que los criminales aquí en Estados Unidos, con acceso a estas mismas armas poderosas, no decidirán a su vez apuntarlas a las autoridades y los ciudadanos estadunidenses.

Reconoció que el gobierno estadunidense lleva a cabo operaciones en contra del tráfico de armas, pero también es cierto que existen más de 7 mil armerías a lo largo de la frontera con México donde prácticamente cualquier persona puede comprarlas.

Declaró que entiende completamente la sensibilidad política que provoca este asunto, pero elevó su petición al Congreso para “que nos ayuden, con todo respeto, y que entiendan lo importante que es eso para nosotros y que ustedes apliquen la legislación para detener el abastecimiento de este tipo de armas a los criminales, y les pediría que consideren la restitución de la Assault Wapons Ban”.

El ala republicana, que anuló la legislación hace seis años en la administración de George W. Bush, no reaccionó, mientras los demócratas expresaron su respaldo. Sólo el senador republicano Richard Lugar, el más influyente en el Comité de Política Exterior y de posturas moderadas, se puso de pie y chocó las palmas.

Menos entusiasta se mostró Janet Napolitano, la secretaria de Seguridad Interior, quien en cambio se contuvo para no ser la primera en levantarse cuando Calderón prometió que los mexicanos vamos a ganar esta guerra contra la delincuencia. Junto con el procurador Eric Holder y el secretario del Departamento del Interior acudió en representación del gobierno de Barack Obama.

Del lado izquierdo al mandatario había una representación partidista de México. Las priístas Beatriz Paredes y la senadora Rosario Green, los perredistas Carlos Navarrete y el ex gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas y el diputado del Panal Reyes Tamez, entre otros.

Margarita Zavala estuvo siempre acompañada por el empresario Roberto González Barrera, dueño de Maseca, y por el periodista Joaquín López Dóriga.

El disenso entre los congresistas se volvió a presentar cuando el mandatario mexicano abogó en favor de una reforma migratoria integral y crucial, aunque matizó con un señalamiento: No soy un presidente al que le dé gusto ver a los mexicanos abandonar su país.

Entonces se dirigió a los migrantes en español para decirles que los admiramos, que los extrañamos, que estamos luchando por sus derechos y que estamos trabajando duro por México y por sus familias.

Del grupo de invitados latinos situados en las galeras, Dolores Huerta, cofundadora con César Chávez del Sindicato de Trabajadores Agrícolas de América y otros se mostraron complacidos.

Igual cuando expresó su desacuerdo con la adopción de la reciente ley Arizona. Es una legislación que no sólo ignora la realidad, que no puede borrarse por decreto, sino también introduce una terrible idea: usar los rasgos raciales como base para aplicar la ley, sentenció.

Los republicanos permanecieron impávidos y con caras de desazón, mientras los demócratas casi saltaron de los asientos, como cuando Calderón había presumido que México tendrá cobertura universal de salud hacia 2012 o que en la crisis no se destinaron recursos a los bancos. El triunfo de la reforma de salud está reciente en el ánimo del partido de Obama.

En lo que hubo mayores expresiones de consenso fue cuando Calderón expresó que no ha vacilado en usar todo el poder del Estado, incluyendo a las fuerzas armadas en la guerra contra la delincuencia ni en cumplir nuestro deber como vecino, haciendo la tarea.

Calderón remató su discurso con un Dios bendiga a Estados Unidos. Viva México, pero en ese momento los republicanos estaban listos para la retirada y no mostraron entusiasmo alguno para acercarse a despedir a su huésped, que así concluyó su visita.