a visita de Estado que el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, inició ayer a Estados Unidos permite ponderar una ausencia preocupante de paradigmas que medien adecuadamente la relación bilateral y contribuyan a dar respuestas efectivas a las problemáticas compartidas por ambos países. Más allá de los pronunciamientos obligados –caso de Arizona y su racista ley antinmigrante–, de los lugares comunes y de los buenos propósitos expresados ayer, en el contexto de la conferencia conjunta en que participaron Calderón Hinojosa y el mandatario estadunidense, Barack Obama, es claro que la relación bilateral atraviesa por un momento complicado y crítico en el que los factores económicos, políticos y de seguridad confluyen en un cuadro explosivo.
Un ejemplo: las condenas expresadas ayer por Calderón y Obama a la ley SB 1070 revelan la impotencia y la falta de ideas claras de ambos gobiernos para contrarrestar una normativa discriminatoria, racista y a todas luces injusta, y abonan con ello a un sentir de retroceso en el asunto de la migración binacional. Resulta significativo que el propio Obama haya admitido ayer que la solución a este asunto pasa por una reforma migratoria integral, la cual, sin embargo, no puede darse sin el apoyo de los republicanos en el Senado.
Por descontado, ni uno ni otro gobiernos han puesto sobre la mesa los problemas de fondo: las asimetrías económicas y los inequitativos términos que regulan los intercambios entre ambos países, factores que, en última instancia, alientan el vasto flujo migratorio que cruza la frontera común en dirección al norte a pesar de la recesión, de las normativas discriminatorias y persecutorias y de los dispositivos de alta tecnología para la vigilancia fronteriza.
En lo que toca a la violencia asociada al narcotráfico, es patente la ausencia en ambos gobiernos de una estrategia eficiente en el combate a ese fenómeno: los recientes anuncios del gobierno estadunidense en torno a un viraje en sus propias políticas de combate al trasiego y consumo ilegal de estupefacientes, así como las críticas formuladas por altos funcionarios de la Casa Blanca a los lineamientos calderonistas de seguridad y combate a la delincuencia, ponen en entredicho la utilidad y la procedencia de la visión policiaco-militar que ha prevalecido en el tratamiento bilateral de ese fenómeno en las últimas décadas, y que hoy se articula en torno a la denominada Iniciativa Mérida. Por elemental congruencia, las autoridades de Washington tendrían que emprender una revisión profunda de dicho plan de asistencia militar.
Llama la atención, por lo demás, que en la agenda de la reunión no se haya planteado una revisión a fondo de los aspectos económicos de la relación bilateral, pese a que los fenómenos referidos –delincuencia organizada y migración ilegal– se explican en buena medida como resultado de la falta de oportunidades de desarrollo y del pésimo estado de la economía nacional en las últimas décadas, a consecuencia de las directrices impuestas desde Washington y adoptadas por el ciclo de gobiernos neoliberales en nuestro país.
En suma, los términos que modulan actualmente la relación bilateral en materia económica, política y de seguridad resultan, a la luz de los elementos de juicio disponibles, caducos, anacrónicos e inadecuados para el tratamiento de las problemáticas actuales, y estos elementos ponen de manifiesto la pertinencia y necesidad de una redefinición general y profunda de la relación bilateral. En esta perspectiva, resulta difícil entender cómo podrán ambos gobiernos avanzar a modificaciones radicales y trascendentes en la relación binacional si persisten, en uno y otro lados, ejercicios de inercia y de rutina política como los que tuvieron lugar ayer en Washington.
