Inspectores del área de Inteligencia y Operaciones Encubiertas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal presentaron este martes al menos cinco solicitudes a las autoridades judiciales para realizar escuchas telefónicas privadas, como parte de las pesquisas que realiza la dependencia para dar con el paradero del panista Diego Fernández de Cevallos, revelaron a La Jornada fuentes de los juzgados especializados en medidas cautelares.

Los operativos de búsqueda del ex candidato presidencial del PAN continuaron ayer en todas las entidades del país, mediante patrullajes sorpresivos de la Policía Federal (PF), el Ejército, la Marina y las policías estatales y municipales.

En los principales accesos carreteros a Querétaro se colocaron retenes militares para revisar los vehículos que entraban y salían de la entidad.

A diferencia de lo que ocurrió el pasado fin de semana y el lunes anterior, cuando la Procuraduría General de la República (PGR) y las autoridades del estado de Querétaro emitieron varios comunicados para informar sobre los supuestos avances del caso Fernández de Cevallos, ayer no hubo información oficial.

El vocero de la propia PGR, Ricardo Nájera, tampoco ofreció entrevistas.

Un día después de que la familia Fernández de Cevallos hizo un llamado público a quienes tienen retenido al ex legislador para que inicien negociaciones, las cosas no variaron. Los supuestos plagiarios no se han comunicado con la familia de El jefe Diego y las autoridades no han ofrecido datos sobre el paradero del político panista.

Como parte de las pesquisas para ubicar a los responsables de la privación ilegal de la libertad de Fernández de Cevallos, ayer la SSP federal presentó solicitudes para realizar espionaje telefónico con autorización judicial.

Esta nueva facultad de la SSP federal fue publicada ayer, día en que entró en vigor el reglamento de la PF, el cual permite a esa corporación a intervenir comunicaciones privadas para indagar delitos en todo el país, sin intermediación de la PGR.

El reglamento de la PF refiere que los agentes federales investigadores están facultados para presentar solicitudes de intervención de comunicaciones ante cualquiera de los siete jueces de distrito especializados en medidas cautelares (conocidos como juzgados de control), aunque para ello deberán fundar y motivar sus peticiones.

El reglamento ordena que el audio o el video producto de una intervención de comunicaciones privadas –cuyo permiso tendrá vigencia no mayor a una semana– deberá quedar asentado en un acta que contenga la identificación de los participantes, y toda la información que obtengan los inspectores de la PF debe ser destruida trimestralmente.

Las peticiones de los policías federales serán analizadas por alguno de los siete jueces de distrito especializados en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones (ubicados en el Distrito Federal, pero con facultad jurisdiccional en el país), quienes tienen 24 horas de plazo para autorizan las solicitudes de la SSP.