Buenos Aires 18 de mayo El ministro de Justicia y Seguridad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Montenegro, fue interpelado hoy aquí en la legislatura porteña. Montenegro tuvo que dar explicaciones no sólo en lo referente a la red de escuchas telefónicas ilegales descubiertas y que complican severamente a Mauricio Macri, el alcalde capitalino ya bajo proceso, sino además las irregularidades en la constitución de la Policía Metropolitana.

Durante horas Montenegro negó tener responsabilidad en la contratación del espía Ciro James en el ministerio de Educación, una de las razones por las cuáles el juez, Norberto Oyarbide, procesó a Macri y al ministro, Mariano Narodowski.

Varios legisladores consideraron imposible que en su cargo no conociera la red de intervenciones telefónicas que funcionaba bajo un hombre que él impuso; el ex comisario Jorge Fino Palacios, ahora detenido.

También reveló que 30 personas contratadas por la Policía Metropolitana fueron retiradas por sus antecedentes, aunque defendió la creación de esta polémica institución.

Uno de los temas que enfrentó Montenegro en su momento fue la compra de pistolas-picanas Taser, que inmovilizan a las personas con una descarga eléctrica de 50 mil voltios, lo que ha matado a varias personas en Estados Unidos.

Las denuncias de organismos humanitarios y políticos de la oposición a Macri lograron que se cancelara la compra aunque el gobierno capitalino insiste en que es sólo un arma disuasiva.

Mientras se realizaba la interpelación, varios legisladores propusieron la creación de una Comisión legislativa para investigar a Macri.

El diputado Pino Solanas de Proyecto Sur estimó que Macri no puede negar su responsabilidad y que esta situación es muy grave.

Según las investigaciones de Oyarbide y las pruebas aportadas a la causa, cuyos fundamentos ocupan 641 páginas para el proceso contra Macri y el ex ministro de Educación, Narodowski, tanto el ex comisario Palacios y el agente James habían conformado una asociación ilegal que el jefe de gobierno capitalino aprovechó para sus propios fines, llegando incluso a espiar al esposo de una de sus hermanas.

Uno de los más afectados por el espionaje, que exigió el procesamiento de Macri y sus funcionarios es Sergio Burstein, familiar de una víctima del cruento atentado contra la mutual judía AMIA (1994), quien exigió el procesamiento del intendente.

Aunque Macri intenta darle un sesgo de persecución política a su situación y victimizarse, la mayoría de las denuncias contra él provienen de sectores políticos adversos a la administración de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Los magistrados de la Cámara Federal, Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero le ordenaron a Oyarbide avanzar en la investigación, reconociendo que se estaba ante una verdadera organización paraestatal de espionaje.

Hay más testigos citados en este caso como Osvaldo Chamorro, quien sucedió a Palacios y después fue destituido por una serie de denuncias. Distintos sectores de la oposición planean nuevas iniciativas ante el procesamiento de Macri.

Proyecto Sur, Igualdad Social y Diálogo por Buenos Aires opositores a Macri y al gobierno nacional estiman que existe un estado de sospecha sobre el alcalde, quien debe ir a la Legislatura a dar explicaciones, lo cual apoya el proyecto de la comisión investigadora.

Otros legisladores cuestionaron que Macri siga en campaña para la presidencia en el 2011, a pesar de estar procesado, lo que deshonra a las instituciones. Los diputados nacionales, Carlos Heller y Martín Sabbatella, estiman que si se confirma el procesamiento, Macri debería renunciar.

En tanto, el pasado 16 de mayo la Cámara de Diputados de la nación aprobó por unanimidad un proyecto promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) por el cual fueron declarados política de Estado los juicios por crímenes de lesa humanidad que se llevan adelante.

Diputados de otros bloques consideraron muy importante esta declaración en el marco del Bicentenario.