La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe resolver las acusaciones contra personal y autoridades del Instituto San Felipe de la ciudad de Oaxaca por la violación de un niño y la supuesta protección de funcionarios estatales a los implicados.

Sostiene lo anterior el proyecto de dictamen elaborado por el ministro Juan N. Silva Meza que se discutirá este miércoles en la primera sala del máximo tribunal. Se espera que sus compañeros lo apoyen, pues la SCJN está enterada del asunto.

El ministro argumenta que la Corte debe ejercer su facultad de atracción para garantizar que se respeten los derechos fundamentales de la víctima.

Los ministros de la primera sala supieron de este caso en octubre de 2008 cuando, en una decisión histórica, prácticamente asumieron la defensa del menor y dejaron sin efecto la actuación del Ministerio Público de Oaxaca, que había favorecido a la acusada, Rufina Magdalena García Soto, quien era directora del plantel y se encuentra presa, y de los profesores Adán Salvador Pérez y Hugo Gabriel Constantino García, a quienes el niño de cuatro años identificó como sus agresores y siguen prófugos.

En esa ocasión la SCJN negó a los quejosos el amparo contra la orden de aprehensión.

La madre del pequeño, Leticia Martell, acudió a la Suprema Corte porque los acusados, dijo, tenían el respaldo legal del ex senador priísta ex procurador general de justicia de Oaxaca Jorge Franco Jiménez, quien es padre del líder del Partido Revolucionario Institucional en la entidad, Jorge Franco Vargas.

Los ministros coincidieron en que no había condiciones para garantizar equidad en el juicio, por lo que atrajeron el amparo. La madre de la víctima se quejó de que la directora no fue inhabilitada para ser maestra de prescolar y tampoco se le ordenó que reparara el daño. Mientras, García Soto pretende obtener su libertad.