Moscú, 18 de mayo. Mijail Jodorkovsky, el ex magnate petrolero que cumple condena de ocho años de cárcel por estafa y evasión fiscal dictada en 2005 y ahora enfrenta un segundo juicio por malversación y robo de petróleo, se declaró este martes en huelga de hambre indefinida en protesta por lo que denuncia como incumplimiento de las recientes enmiendas al Código Penal de Rusia.

Según las modificaciones legislativas, aprobadas en marzo anterior a iniciativa del titular del Kremlin, Dimitri Medvediev, cualquier imputado de delitos de orden económico puede obtener la libertad bajo fianza mientras dure el juicio en su contra, argumento que esgrime Jodorkovsky como razón de su protesta.

Mi cliente inició esta huelga de hambre porque que una ley, resultado de la voluntad del Presidente y que debe poner fin a la represión contra los empresarios, no se aplica, declaró Vadim Kliuvgant, abogado de Jodorkovsky.

Magnate caído

El magnate caído en desgracia anunció, en carta abierta al presidente de la Suprema Corte de Rusia, Viacheslav Lebediev, que suspenderá la protesta cuando Medvediev reciba de parte suya o de cualquier otra autoridad competente toda la información relativa a la violación de la ley que prohíbe la detención preventiva por delitos económicos.

Sin embargo, Jodorkovsky parece consciente de que, en su caso, no procede la reivindicación por dos razones: ni ha terminado de cumplir la primera condena ni la ley, para su desgracia, puede tener un efecto retroactivo.

“(…) No se trata de mí. Seguiré en la cárcel al margen de la decisión que pudiera tomar el juez, pero no puedo estar de acuerdo con el abierto sabotaje que hacen algunos funcionarios de una ley adoptada por iniciativa del Presidente y que está afectando a muchas personas, a quienes se les niega el beneficio de la libertad bajo fianza. Creo indispensable que Medvediev sepa cómo se cumple, o más bien cómo se incumple, una ley que promovió personalmente y que entró en vigor hace un mes”, afirma en su carta abierta.

Jodorkovsky, desde que se atrevió a financiar a la oposición al entonces presidente y actual primer ministro, Vladimir Putin, convirtiéndose en su enemigo personal, asegura que se le juzga por motivos políticos.

Aunque rechaza las acusaciones en su contra –algunas francamente descabelladas, como haberse robado durante varios años toda la producción de petróleo de la desaparecida compañía Yukos–, corre el riesgo de ser condenado a una nueva pena, que podría superar los veinte años de cárcel.