efender los bosques en México es una actividad arriesgada. En ello le va la vida a quien lo hace. Que lo digan si no los familiares de Rubén Flores Hernández, asesinado por los talamontes de la comunidad de Coajomulco, en el estado de Morelos, con unos cuantos meses de distancia.

A Rubén lo mataron el pasado 28 de abril, justo el día de su cumpleaños, en el mero centro de su comunidad. Comuneros y vecinos señalan como responsable del crimen a Porfirio Díaz Cedillo, integrante de la familia más adinerada e influyente de la comunidad. El mero día de su velorio los saqueadores del bosque sacaron madera.

El 2 de febrero una tromba azotó el bosque y derribó más de mil 300 árboles. En coordinación con las autoridades de bienes comunales, la comunidad levantó el censo de los daños y gestionó el aprovechamiento de la madera con su respectivo permiso.

El 9 de febrero, 70 comuneros subieron al bosque para hacer una inspección de vigilancia. Allí fueron sorprendidos Porfirio Díaz Cedillo y Sergio Vázquez Díaz sacando árboles de manera clandestina. En un camión, ocultos en unos sacos para trasladar avena forrajera, los vigilantes encontraron nueve trozos de árbol de diferentes diámetros y de 2.55 metros de largo. Los delincuentes fueron consignados a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). En venganza, mataron a Rubén Flores.

Coajomulco es una comunidad campesina e indígena nahua, integrada por unos 3 mil habitantes. Posee en sus tierras comunales la propiedad de una extensión de más de 6 mil hectáreas del bosque del Ajusco Chichinautzin, con una enorme diversidad de fauna y flora. Allí crecen pinos, encinos, madronios y ailes. La resolución presidencial que los dota es de 1947.

Rubén Flores Hernández era campesino, hijo de campesinos. Sembraba alfalfa forrajera y producía tierra de hoja. Tenía 42 años de edad. Estaba hecho para el estudio y el trabajo. Era padre de tres hijas. Una de las cabezas de los vigilantes comunitarios, era un hijo del bosque; lo amaba y protegía.

A diferencia de otros poblados vecinos, la comunidad de Coajomulco ha defendido sus árboles. Como dice uno de los comuneros: el bosque es nuestra vida, la vida de la comunidad. Vivimos de lo que obtenemos de él, de su aprovechamiento. Sus habitantes realizan regularmente infinidad de trabajos para preservar su riqueza ecológica: brechas cortafuegos para enfrentar los incendios; alambradas para la reforestación natural; tinas ciegas para la captación de aguas pluviales; aprovechamiento racional de la tierra de hoja, madera y piedra; no explotación clandestina de madera, y creación de un parque ecoturístico llamado Totlán.

La custodia del bosque está a cargo de los vigilantes comunitarios, un servicio voluntario no pagado que existe desde siempre. Al regresar de su trabajo de supervisión, sus integrantes son gratificados con un refresco o con una comida, pagadas con los recursos de los derechos de uso del monte. Además, dos uniones de transportistas de tierra de hoja destinan 15 elementos todos los días para las tareas de vigilancia.

Desde hace meses, los comuneros han denunciado ante la Procuraduría General de la República y la Profepa la tala ilegal de la madera, sin que hasta el momento las autoridades hayan hecho nada. La depredación del bosque es llevada a cabo por las cinco familias más poderosas de la comunidad. Ellas venden clandestinamente la madera a un aserradero en Cuautla y en fábricas de muebles rústicos.

Al asesinato de Rubén le han seguido amenazas de muerte contra otros comuneros que defienden el bosque. En los lavaderos públicos al lado de la calle Leona Vicario, manos anónimas dejaron volantes que advierten: Van a caer uno a uno los vigilantes comunitarios y La muerte de Rubén Flores. Que sirva de ejemplo para aquellos traicioneros, aunque sigan metiendo soldados. El efecto inmediato ha sido que algunos comuneros escondan las cabezas como armadillos, pero muchos otros están decididos a no dejarse amedrentar.

El homicidio de Rubén no es la única muerte perpetrada últimamente contra defensores de bosques en Morelos. Apenas el 31 de octubre de 2009 fue torturado y asesinado Miguel Ángel Pérez Cázales. A Miguel lo torturaron y ejecutaron el 31 de octubre de 2009. Miguel era un defensor del área natural protegida de Texcal y comunero de Santa Catarina, municipio de Tepoztlán, contra el proyecto de urbanización impulsado por el gobierno de Marco Adame.

Tanto Rubén Flores Hernández como Miguel Ángel Pérez Cázales eran hijos del bosque. Perdieron la vida por defenderlo. En un hecho que avergüenza a la justicia mexicana, su muerte sigue impune.