Martes 18 de mayo de 2010, p. 34
Ciudad Juárez, Chih.,17 de mayo. Este lunes se inició la impugnación al dictamen de inocencia que tres jueces emitieron en favor de Sergio Rafael Barraza Bocanegra, ex pareja y homicida confeso de Ruby Frayre Escobedo, de 16 años.
En la revisión participa una comisión institucional integrada por representantes de los tres poderes del estado, la Barra de Abogados de Ciudad Juárez, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres.
Esta comisión se creó a petición del gobernador José Reyes Baeza Terrazas, quien repudió que el homicida confeso fuera declarado inocente el 29 de abril, luego de un juicio oral.
La comisión busca que el Ministerio Público estatal impugne la sentencia en términos legales mediante un recurso de casación, cuyo objeto es anular una sentencia presuntamente basada en una interpretación incorrecta.
Además, se solicitó al presidente del Poder Judicial del estado, Rodolfo Acosta Muñoz, que ordene investigar a los jueces involucrados para determinar si su decisión se apegó a los principios de legalidad, buen juicio en la valoración de las evidencias aportadas por el Ministerio Público y de la propia confesión del imputado.
También se solicitó que la procuradora de Chihuahua, Patricia González Rodríguez, evalúe la actuación del Ministerio Público.
La procuradora informó que el presunto homicida fue declarado inocente porque la confesión de culpabilidad debe hacerse ante un juez a fin de integrarla al expediente, no ante los medios o familiares, como sucedió en este caso. Por ello también se indaga si la confesión que hizo el homicida en el juicio al pedir perdón a la familia, y la solicitud de su abogado para negociar una sentencia de 20 años, no se integraron al expediente.
Con el recurso de casación se analizará la sentencia o el juicio, de acuerdo con las normas jurídicas vigentes en Chihuahua.
El homicidio se perpetró en 2008. La juez Catalina Ochoa Contreras presidió el juicio; el juez Netzahualcóyotl Zúñiga Vázquez fue redactor y el juez Rafael Boudid, tercer integrante.
Fuentes no oficiales informaron que la magistrada Flor Mireya Aguilar fue nombrada presidenta del tribunal de casación que revisará la sentencia absolutoria, basada en la supuesta falta de pruebas contra el acusado. José Vázquez Quintero podría ser otro integrante del tribunal.