La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal (GDF) pagó ayer 24 millones de pesos por concepto de indemnización de un predio expropiado en 1970 por el gobierno federal en la colonia Agrícola Oriental, en la delegación Iztacalco, con lo cual evitó la destitución y consignación ante un juez de distrito de su titular, Mario Delgado Carrillo, y otros dos funcionarios.

Ayer, cuando el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se aprestaba a aprobar el dictamen que planteaba sancionarlos, se informó que había recibido un pago de 12 millones de pesos el pasado viernes, aunque la dependencia capitalina aclaró que eran 24 millones, de los 35 millones adeudados al propietario.

Una vez que se compruebe el monto total depositado ante el juzgado decimosexto de distrito en materia administrativa del Distrito Federal, se determinará si cumplió con el pago requerido o existe un acuerdo entre las partes sobre la forma y fecha en que se liquidará, aunque, precisó, el pago parcial no libera a los funcionarios capitalinos de su responsabilidad.

La sentencia no está cumplida

El ministro presidente del máximo tribunal de justicia del país, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, subrayó: la sentencia no está cumplida, el incidente de inejecución permanece, solamente abrimos una oportunidad de temporalidad.

La Secretaría de Finanzas señaló que el monto pagado –para atender el amparo promovido el 23 de julio de 2008, por Alicia Lara, asesorada por el despacho del panista Fauzi Handam– equivale a casi a una cuarta parte de los recursos autorizados este año para el pago de indemnizaciones, 100 millones de pesos, por lo cual no es una cantidad menor, aunque el avalúo realizado por la administración local asciende a 35 millones 856 mil 292 pesos.

Así que la afectada está en libertad de cobrar la cantidad depositada sin perder el derecho de exigir la totalidad del pago, tal y como ordenó en 2008 el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, precisaron los ministros, quienes resolvieron no devolver el asunto al juez de la causa para que verifique el cumplimiento de la sentencia.

El asunto quedó en manos del ministro instructor, José Ramón Cossío Díaz, quien en su proyecto propuso la destitución y consignación penal de los funcionarios en caso de no resarcir al propietario del inmueble.