El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano, dijo que los actos de interrupción al servicio de energía eléctrica (supuestamente provocadas, según versión gubernamental) deben ser severamente castigados conforme a derecho.

El funcionario evitó mencionar responsables –no podría señalar a nadie en particular, dijo–, pero recordó la postura del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en contra de la operación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en lo que fue la zona de influencia de Luz y Fuerza del Centro (LFC), en servicio hasta el 11 de octubre pasado.

Yo lo había anticipado hace muchos meses. Hay un incentivo por parte del SME de que las cosas no funcionen en la CFE y que haya tal descontento ciudadano que después ellos pretendan acreditar con eso que era indispensable la continuidad de LFC, dijo.

Entrevistado al término de su participación en la 58 convención anual de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), dijo que el recién creado Centro de Atención y Reacción Inmediata –con autoridades federales, del Distrito Federal y del estado de México– será muy útil para lo que viene.

En tanto, el SME anunció que demandará penalmente a Alejandro Muñoz por acusar a la dirigencia encabezada por Martín Esparza de alentar un grupo que realiza acciones de sabotaje para interrumpir el servicio eléctrico.

Tenemos las grabaciones con las declaraciones de Muñoz en las que por un lado acusa y por otro reconoce que no tiene pruebas de sus dichos; por ello, nuestros abogados preparan una demanda penal en su contra, informó Fernando Amezcua, vocero del SME.

Agregó que, como dijo Lozano, lo que viene en realidad es una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, en el eventual caso que fuera desfavorable, el gobierno espera nuevamente que respondamos de manera agresiva. Es por ello que insisten en desacreditar la huelga de hambre colectiva y en volver a acusarnos de sabotaje.

Además, dijo el vocero sindical, la campaña en la que nos responsabilizan de las fallas en el suministro, es para echarnos encima a los usuarios y, de paso, tener elementos para quitar el campamento que tenemos en el Zócalo.

Amezcua agregó que el ayuno colectivo en el que participan 93 personas (aunque cuatro ya fueron trasladadas a un hospital) ha comenzado a incomodar al gobierno federal, no por la salud de los trabajadores sino por la difusión internacional que se ha dado, especialmente por vía de la Federación Sindical Mundial, de la cual es integrante el SME. Esparza es también secretario general de la Unión Internacional de Trabajadores de la Energía.

Por la mañana, Lozano declaró que corresponde al Ministerio Público realizar las investigaciones acerca de los responsables de las interrupciones al servicio, porque sería absurdo que esta actividad la tomara un grupo de especialistas en energía eléctrica.

Esto no es una cuestión de negociación ni mucho menos de diálogo, ni nada que se le parezca. Estamos hablando de hechos delictivos, dijo.

Reiteró que el diálogo con el SME se mantendrá, en Gobernación, pero no para aceptar las propuestas de la dirigencia sindical hacia una contratación colectiva en CFE y mucho menos para echar para atrás el decreto presidencial de extinción de LFC.

En ese sentido dijo que las huelgas de hambre proceden en lugares donde no hay leyes o instituciones que atiendan determinado hecho que se considere injusto, pero en este caso, señaló, la SCJN está revisando la negativa de amparo del SME, emitida por un juzgado. Calificó como injusto que se ponga en riesgo la vida de inocentes mientras que los demás liderazgos no están en esa condición. Eso sí me parece totalmente inadecuado.