Representantes de diversos gremios, abogados y académicos advirtieron que la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT), presentada por el PAN, pone en riesgo no sólo prestaciones laborales, sino derechos básicos, como la huelga y la posibilidad de agruparse en sindicatos.

En un foro realizado en la Facultad de Derecho, trabajadores mineros y electricistas, despedidos de sus empleos, señalaron que incluso con la normatividad actual el gobierno de Felipe Calderón ha hecho de la represión y el autoritarismo una práctica, totalmente alejada de un estado de derecho y democrático.

Antonio Navarrete, de la sección 65, correspondiente a Cananea, propiedad del Grupo Minero México, calificó de inconcebibles las acciones del gobierno federal en contra de los mineros.

Estos desgraciados (patrón y gobierno) han dejado sin servicio médico a miles de personas; estamos frente a un asunto que no se vale ni siquiera en las guerras, al dejar a 11 mil derechohabientes al garete, con gente muriéndose por la falta de atención, medicina, diálisis, comentó.

En Cananea, dijo, hay alerta roja porque se enfrentan a la legalidad (la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje dictó el término de la relación laboral en esta mina) y a grupos de choque que buscan destruirlos.

Sin embargo, afirmó, los mil 100 trabajadores y sus familias están dispuestos a todo. No vamos a permitir que vividores se queden con la riqueza de la nación, enfatizó.

Luis Javier Garrido, investigador de la UNAM y articulista de este diario, se refirió a los constantes ataques de la derecha hacia los trabajadores.

La ofensiva del gobierno torpe y fascistoide calderonista se ha manifestado, expresó, en cuatro ámbitos: el jurídico, al dejar la Constitución de 1917 prácticamente como un documento histórico; en ese contexto se presenta la más reciente iniciativa de reforma a la LFT.

El segundo es que el gobierno defiende a ultranza a las grandes empresas nacionales y trasnacionales, especialmente en la minería; el tercer ámbito de esta ofensiva fue tomar las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro, con base en la fuerza policiaca, el pasado 10 de octubre.

Eso fue un acto de gravedad sin precedente en la historia mexicana, porque entrañó un sinnúmero de violaciones al orden constitucional y legal, por lo que se puede calificar esta decisión de un verdadero golpe de Estado, señaló.

El decreto de Calderón, explicó, se fundamenta en derechos que la ley no le otorga, por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) –que resolverá acerca de la solicitud de amparo del Sindicato Mexicano de Electricistas– se encuentra ahora en un dilema de suma trascendencia.

Este máximo tribunal, dijo, se ha convertido en un elemento faccioso de la derecha mexicana. El dilema de la SCJN es fallar en contra de la razón y contra el derecho, dijo.

La cuarta manifestación de la ofensiva calderonista en contra de los trabajadores ha sido pues, finalmente, la iniciativa de reforma a la LFT que conduce a la eliminación de los sindicatos como organizaciones de defensa de los derechos de los trabajadores.

En el foro participó también Agustín Rodríguez, dirigente del sindicato de la UNAM.