on los lamentables sucesos acaecidos el 27 de abril, en el paraje Los Pinos, de la Sabana Copala, en que integrantes de la Unión de Bienestar Social para la Región Triqui emboscaron a la Caravana de Observación por la Paz, misma que llevaba ayuda humanitaria a San Juan Copala, y donde perdieron la vida dos activistas en derechos humanos –la mexicana Beatriz Cariño Trujillo, del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus) y el finlandés Jyri Antero Jaakkola–, el Estado y sus aliados han vuelto a abrir las venas heridas y reavivado una vez más el ciclo de violencia, como el mecanismo de mayor eficacia para el sometimiento político y económico de esta ensangrentada región indígena de Oaxaca.

Es, sin duda, una señal contundente que han decidido enviar a propios y extraños que, por diversas razones, quieran apoyar y acompañar el proceso de lucha que, de manera cotidiana, libran los pueblos indígenas y la sociedad en su conjunto para conseguir la autonomía, la democracia, la justicia y la paz en la entidad. Con la espada desenvainada, piensan que, no quedando otro recurso, es hora de recurrir a la violencia en todas sus formas para lograr dos objetivos fundamentales: por un lado, detener el proceso de autonomía en los barrios y las comunidades triquis, y, por otro, generar un escenario de terror y miedo para intentar detener el cambio democrático que exigimos y necesitamos los oaxaqueños.

Esta agresión no es nada nuevo para los triquis. En su milenaria historia, particularmente en los tiempos de la colonización española y después de la creación del Estado mexicano, este pueblo ha sufrido un largo proceso de sometimiento político, desintegración territorial, explotación económica, discriminación racial y exclusión en todos los órdenes de la vida cotidiana, y es, desde luego, una de las razones torales que subyacen en todo el ambiente dramático que vive la región.

En este contexto, no hay que perder de vista que los afanes de control político y económico de los poderosos en esta región han tenido el objetivo de socavar todas las formas de organización comunitaria indígena. Aunque después de la llamada Independencia de México se crearon los municipios triquis de San Andrés Chicahuaxtla, San Juan Copala y San Martín Itunyoso, posteriormente con la Revolución Mexicana se desconocieron los dos primeros, manteniéndose en la actualidad solamente el municipio de San Martín Itunyoso, quedando las nueve agencias municipales y 35 barrios diseminados en los municipios no indígenas de Tlaxiaco, Putla, Constancia del Rosario y Juxtlahuaca.

Este hecho da constancia de la agresión, desintegración y pulverización política, administrativa y territorial a que se han visto sometidos los triquis, lo que ha traído como consecuencia que la gran mayoría de sus barrios y comunidades hayan sido excluidos de cualquier acto de decisión que repercuta en sus vidas y destinos, socavándose su autonomía y libertad de decisión. De este modo, las determinaciones políticas y económicas de la región han quedado en manos de los caciques, las instituciones del gobierno estatal y federal presentes en la zona, los dirigentes partidistas afines al PRI y las organizaciones sociales que, privilegiando sus propios intereses, han dejado de lado los principios comunitarios indígenas.

Pero, como nos han advertido los sabios y eruditos, la historia no sólo está hecha por los vencedores. También tiene su contraparte. Aunque se quiera olvidar, por las venas del pueblo triqui corre sangre de dignidad y hay una profunda raíz y larga historia de resistencia, trabajo y organización. Así lo ha demostrado en el pasado en su lucha contra cualquier cacicazgo. En este sentido conviene recordar el trabajo organizado que desde la década de 1970 empezaron un puñado de líderes triquis coordinados después por Paulino Martínez Delia, asesinado el 23 de marzo de 1990. Y, aunque sus asesinos intelectuales y materiales fueron plenamente identificados, sólo fueron apresados algunos autores materiales, permaneciendo los primeros en la más absurda y total impunidad hasta hoy.

Basados en sus más antiguas tradiciones, a principios de 2007 decidieron dar el paso histórico de crear el municipio autónomo de San Juan Copala como el mejor camino para recuperar su autonomía y buscar la reconstitución integral de las comunidades y barrios de la parte baja del pueblo triqui. Así, fundados en sus propias normas y costumbres ancestrales, recrearon un sistema de autogobierno indígena que tuviese la capacidad de sentar las bases para lograr la paz en la región y construir un proceso de crecimiento y desarrollo conforme a su cultura e identidad.

Sin duda, esta iniciativa ha sido un parteaguas en la historia de la región. Por un lado, los triquis han dejado en claro que ya no están dispuestos a aceptar cualquier estructura política, jurídica y económica que les sea ajena y que sea producto de la imposición. Por otro, se han asumido como los sujetos colectivos de sus propias decisiones, quitarse cualquier atadura y ser dueños de su propia historia y destino.

Por la magnitud y alcance de esta decisión, las respuestas de quienes históricamente han controlado y explotado esta región no se hicieron esperar. Estas reacciones han ido desde la descalificación, el chantaje, la persecución y hasta el uso de la violencia en todas sus formas, como el caso reciente. Se ha persistido en la lógica de la agresión y no se ha entendido que los sueños de libertad de un pueblo nada ni nadie los podrá destruir.

Por eso, además de atender urgentemente la exigencia de que haya justicia en la región para sancionar a los autores intelectuales y materiales de los crímenes cometidos ayer y hoy, la solución pasa necesariamente por el reconocimiento y respeto, en la ley y los hechos, del proceso de autonomía triqui, tanto en el nivel de los barrios y comunidades, así como en el ámbito municipal y muy especialmente en el contexto de la región, que incluya tanto la parte baja como la parte alta del pueblo triqui en un proceso pleno de reconstitución indígena. Necesitamos en este contexto una mirada que atienda el proceso histórico del pueblo triqui, así como la vertiente regional y resolución integral del problema.

Estamos conscientes, sin embargo, de que ante este delicado problema no existe la voluntad política del gobierno y de algunos actores en el conflicto para darle una solución de fondo. Impera lamentablemente la lógica de la administración del conflicto aun cuando esto implique dolor y muerte para un pueblo. Por eso en Oaxaca, particularmente en estos tiempos, se hace necesario seguir trabajando para crear las condiciones que den lugar a estructuras jurídicas, políticas y económicas, que posibiliten el reconocimiento de los procesos de autonomía de los pueblos indígenas, en los términos y condiciones que estos mismos decidan, sin injerencia ni imposiciones. Éste sería el punto de partida para colocar los cimientos de paz, autonomía y desarrollo en la región triqui.