yer, en la inauguración de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, el procurador Arturo Chávez Chávez admitió que los cárteles del narcotráfico y otras organizaciones criminales han implantado su ley de violencia y muerte en regiones donde la debilidad institucional y la carencia de una estructura moral y solidaria de la sociedad eran ya una problemática profunda y arraigada. Sin tratarse propiamente de una novedad, tales palabras son el más explícito e inequívoco reconocimiento que haya realizado hasta ahora un funcionario de la administración calderonista acerca de la gravedad del problema de la delincuencia y revelan que el Estado ha perdido el control en diversas zonas del territorio nacional.

El dato es alarmante, pero también lo es la falta de claridad en torno a la estrategia gubernamental para enfrentar esta situación catastrófica. Después de tres años de inflexibilidad en la defensa de una política antidelictiva basada exclusivamente en el uso de la fuerza policial y militar, la administración en curso empezó a emitir señales contradictorias, y cabe citar algunos ejemplos de ello. Si hasta diciembre pasado el gobierno federal se mostró inflexible ante los reclamos sociales que exigían la salida del Ejército de Ciudad Juárez, a principios de este año hizo saber, por medio de funcionarios de segundo nivel y con un bajo perfil mediático, que los militares saldrían de esa devastada localidad fronteriza; posteriormente, tras el asesinato de 15 jóvenes, se anunció la disposición a redefinir las medidas de seguridad, pero por otro lado se afirmaba que se mantendría firme la línea de la acción policial y militar. una nueva estrategia para Ciudad Juárez, con la incorporación de algunas acciones sociales a la operación armada; ayer, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, volvió a insistir en el mantenimiento de la estrategia e insistió en que su administración ha avanzado en todas las batallas, menos en la de la percepción; sin embargo, el panorama descrito por Chávez Chávez no se refiere a un asunto de imagen sino a una realidad concreta.

Los recientes anuncios del gobierno estadunidense en torno a un viraje en sus propias estrategias para enfrentar los fenómenos del consumo de drogas y del narcotráfico, así como las descalificaciones formuladas por altos funcionarios del país vecino a las políticas calderonistas de seguridad y combate a la delincuencia, han contribuido a expandir y ahondar la confusión, pues a estas alturas, después de muchas réplicas en sentidos divergentes y hasta contrapuestos, emitidas por diversos funcionarios del grupo gobernante, ya no resulta fácil saber cuál es la postura de éste frente a los nuevos lineamientos recientemente adoptados por Washington. Es significativa la afirmación de la secretaria de Estado, Hillary Clinton, quien dijo antier que México carece de una estrategia efectiva en el combate al narcotráfico: semejante descalificación pone directamente en entredicho la utilidad y la continuidad de la Iniciativa Mérida.

Al margen de las expresiones de Washington, la inhabilidad del gobierno mexicano para informar sobre la dirección de las acciones oficiales no es un problema menor, si se tiene en mente la insistencia gubernamental –refrendada ayer mismo por Chávez Chávez– en responsabilizar a la sociedad por la disolución del estado de derecho en diversas zonas del país y en exigirle respaldo ciego y total a políticas que no sólo no han dejado clara su eficacia, sino que han dado margen a muchos abusos y atropellos graves contra la población. Pero la construcción de consensos en torno a las acciones gubernamentales en materia de seguridad pública y combate a la delincuencia tendría que partir de una toma de posición oficial transparente y coherente, así como de un reconocimiento inequívoco de los errores cometidos hasta ahora. Y es impostergable analizar con honestidad si los grupos criminales han sido debilitados por efecto de la ofensiva gubernamental o si, por el contrario, han salido fortalecidos de ella.