La Procuraduría de Justicia Militar (PJM) investiga al menos a cuatro soldados como sospechosos de haber modificado la posición de los cadáveres de dos estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), que fallecieron el pasado 19 de marzo en la capital de Nuevo León después de un enfrentamiento entre sicarios y efectivos del Ejército Mexicano ocurrido en las inmediaciones de esa casa de estudios, revelaron fuentes castrenses cercanas a la indagatoria.

Mientras continúan las pesquisas en el ámbito del fuero militar, ayer el portal de Internet Reporte Índigo hizo público un reportaje en el que, citando información de la averiguación previa de la Procuraduría General de la República (PGR) para investigar lo sucedido fuera de las instalaciones del ITESM, mencionó algunas pruebas de que hubo alteración de la escena de los hechos.

Destacó que tuvo acceso a varias fotografías, las cuales muestran que, una vez que fallecieron los estudiantes, militares colocaron fusiles de asalto sobre uno de los hombros de cada joven para aparentar que estaban armados.

Consultados ayer sobre esas supuestas fotografías, funcionarios de comunicación social de la PGR –que pidieron omitir su nombre– aseguraron a La Jornada que la dependencia no está en posibilidades de desmentir o confirmar la existencia de esas imágenes.

En todo caso, agregaron, si en verdad esas fotografías constan en la averiguación previa de la PGR, estamos hablando de una prueba documental que por ley está clasificada como reservada en tanto no concluyan las pesquisas.

Respecto de la investigación que realiza la PJM, fuentes militares consultadas indicaron que las autoridades del Ministerio Público Militar ya realizaron sus propios interrogatorios, que se suman a los que ha hecho la PGR en casi dos meses. El propósito es reunir elementos probatorios que permitan fincar cargos contra quien o quienes resulten responsables de probable obstrucción de la justicia.

Según la hipótesis que sostienen los fiscales castrenses, los soldados implicados pudieron haber modificado la escena del crimen en acatamiento a la orden de algún mando militar que ese día estuvo a cargo, con el objeto de que, en caso de que fuera necesario, pudiera aplicarse alguna de las excluyentes de responsabilidad a que se refiere el artículo 119 del Código de Justicia Militar.

Esa norma señala en su fracción III que se exculpa de cualquier cargo penal al imputado que hubiese obrado en defensa de su persona o de su honor, repeliendo una agresión, fundamentalmente cuando el agredido provocó la agresión, dando causa inmediata y suficiente para ella.

Ayer, funcionarios de la PGR consultados resaltaron que los fiscales federales aún no tienen identificado a algún civil como probable responsable de haber alterado la escena de los hechos.

El pasado 19 de marzo, murieron los estudiantes Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo. El primero de mayo, el vocero de la PGR, Ricardo Nájera, presentó un avance de la investigación y señaló que supuestamente los decesos ocurrieron por el fuego cruzado entre soldados y delincuentes.