La Comisión Permanente demandó al presidente Felipe Calderón que en su viaje a Estados Unidos y en su mensaje al Congreso de ese país exprese el rechazo de la sociedad y el gobierno de México a la ley SB 1070 de Arizona, y acordó que senadores y diputados expongan, en todos los foros internacionales en los que participen, el repudio del país a la criminalización de los migrantes mexicanos.

En nombre del PRI, el senador Rogelio Rueda sostuvo que el gobierno mexicano debe asegurarse por todos los medios parlamentarios, diplomáticos y políticos que esa ley sea jurídicamente revertida, a fin de evitar su reproducción en otros estados.

Al presentar la propuesta del coordinador de los senadores priístas, Manlio Fabio Beltrones, Rueda resaltó que la administración calderonista está obligada a prevenir que la aplicación de esa ley conduzca al distanciamiento y la controversia entre ambos países, cuando el camino a procurar es el de la cooperación y el respeto mutuo.

El diputado priísta David Penchyna Grub consideró que la promulgación de dicha legislación constituye un fracaso de la diplomacia mexicana. La falta de activismo, visión y congruencia de la política exterior con Estados Unidos nos da un revés en la cara, a costa de la dignidad y el bienestar de las familias de migrantes en Arizona, afirmó.

Reprochó que el gabinete de Calderón no actuara frente a la gobernadora de ese estado, Janet Brewer, como lo hace de inmediato con los diputados y senadores de oposición cuando presentan una iniciativa que le incomoda a la administración federal panista.

¿Por qué la diplomacia tardó tanto en reaccionar cuando el Congreso de Arizona ya había aprobado esta ley? Lo lamentamos, es una página triste y una derrota a la diplomacia mexicana, dijo.

Desde la tribuna, el senador Ricardo Monreal Ávila (PT) sostuvo que si Calderón incluye el tema en su gira a Estados Unidos y en su discurso ante el Congreso de ese país, será por rentabilidad política frente a las elecciones de julio.

Porque, planteó, si realmente fuera defensor de los derechos de los mexicanos indocumentados, no tenía por qué esperar a una visita oficial. Pudo tomar medidas antes de la aprobación de esa ley o al día siguiente de su votación, y no esperarse a pronunciar un discurso. Pudo presentar impugnaciones a tribunales internacionales, en las Naciones Unidas, pero no. El señor Calderón y su canciller (Patricia Espinosa) se quedaron pasmados, quietecitos, paralizados frente a esta embestida a los migrantes, acusó.

El senador Silvano Aureoles (PRD) definió que los legisladores no pueden ser ingenuos y creer que un discurso de Calderón al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, o a los congresistas estadunidenses tendrá algún efecto. Ironizó: Obama debe estar preocupadísimo de que Calderón le va a ir a reclamar. Sin embargo, estoy de acuerdo que no debe callarse y que (los legisladores) estemos presentes con la protesta en los foros internacionales.