l pasado martes La Jornada publicó en primera plana una muy elocuente fotografía del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en la que aparece con los brazos cruzados y la mirada baja. El ademán podría traducirse con un no hay nada que hacer, y referirlo a la ley SB 1070 que se votó en el estado de Arizona y que criminaliza a los indocumentados. No sería ésta una novedad. Es característica de los gobiernos panistas mirar con impotencia las iniciativas estadunidenses que afectan los intereses mexicanos, sin atreverse siquiera a plantear una alternativa, sin intentar acciones defensivas que vayan más allá de la aceptación resignada de las decisiones que adopta el poderoso vecino, para dejar por lo menos un testimonio de resistencia o de reprobación.

Es de llamar la atención que, en cambio, la ley haya provocado las reacciones del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, y del titular de la Secretaría General Iberoamericana, Enrique Iglesias. Ambos la rechazaron por discriminatoria y racista, así como porque entraña un elevado potencial de violación a los derechos humanos. En un editorial, el distinguido especialista en asuntos migratorios Jorge Bustamante se pregunta por qué el gobierno mexicano no ha denunciado la medida ante tribunales internacionales (“Sobre la SB 1070, Reforma, 28/04/2010). Y con él somos muchos los que nos hacemos la misma pregunta. Peor todavía, en apenas unos cuantos días parece venirse abajo la atmósfera de cooperación bilateral y de buena voluntad que generó la visita de la secretaria de Estado, Hillary Clinton, hace apenas unas semanas. El propio presidente Obama ha condenado la legislación y es previsible que sea derrotada porque se trata de una disposición anticonstitucional, pues los estados de la unión americana no tienen autoridad en materia migratoria. Aún así, es inexplicable que el gobierno mexicano se haya mantenido tan quietecito.

La sensación de pasividad que proyectan los funcionarios mexicanos frente a Estados Unidos se extiende a muchos otros terrenos distintos a la migración e incluso a la seguridad. La resignación profunda del gobierno ante las medidas unilaterales de Estados Unidos no se ve compensada por el perentorio llamado que hizo el mismo secretario Gómez Mont, el domingo 26 de abril, a las autoridades estadunidenses para que asuman ya la vergüenza de estar vendiendo las armas con las que se asesina a mexicanos. También les exigió que reconocieran que el consumo de drogas en su país está en el origen de la ola de violencia que vivimos en México actualmente. ¿Cuál puede ser la reacción a semejante llamado? La respuesta de cualquier americano a una exigencia que fue expresada de manera insolente y poco diplomática, podría ser: Asuman ustedes, gobierno mexicano, la responsabilidad de la violencia en las calles, del sentimiento de inseguridad y de indefensión que embarga a los mexicanos; asuman ustedes la responsabilidad de no poder garantizar aparatos de seguridad confiables, policías honestas y un aparato de procuración de justicia eficaz. Así que a la ensoberbecida exigencia se impone la imagen de los brazos cruzados, a menos de que el exhorto de Gómez Mont haya sido pensado más para el público mexicano que para los estadunidenses.

En todo caso, el tono de las declaraciones citadas poco ayuda a la cooperación bilateral, y más bien abona la hostilidad antimexicana que expresan los radicales antinmigrantes. Este episodio del tema migratorio pone al descubierto, una vez más, las dificultades de la cooperación bilateral. Hace unas semanas, la secretaria Clinton visitó México a la cabeza de una impresionante delegación de responsables de los temas de seguridad en Estados Unidos, con el propósito de discutir programas de cooperación bilateral para combatir la violencia en las ciudades fronterizas, y el crimen organizado. En ese caso pudo hablarse de una responsabilidad compartida y el principio de cooperación pudo imponerse de manera casi natural. ¿Puede decirse lo mismo del tema migratorio? En el tema de seguridad, y no obstante las apariencias de actividad febril, es muy probable que gobierno mexicano también se haya limitado a reaccionar a las propuestas de Washington. La absoluta superioridad de los medios policiacos y militares de la superpotencia explicaría esa pasividad, pero ¿esa misma asimetría justifica la inacción en la defensa de los derechos de los migrantes mexicanos?