Madrid, 12 de mayo. El presidente del gobierno español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, anunció hoy ante el Congreso de los Diputados un durísimo plan de ajuste, el primero de esta relevancia desde el estallido de la crisis y el aumento desbordado del desempleo, que con más de 4 millones 600 mil desocupados se sitúa ya por encima de 20 por ciento.

Las medidas presentadas pretenden reducir el gasto público en 15 millones de euros en un año, a costa de recortar importantes programas sociales, congelar las pensiones, bajar el sueldo de los funcionarios públicos y disminuir el monto destinado a la ayuda al desarrollo.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Unión Europea (UE) aplaudieron el plan de ajuste, mientras los sindicatos españoles anunciaron movilizaciones y vaticinan un conflicto social de trascendencia.

Desde que estalló la crisis financiera y económica internacional, España se sitúa como uno de los países más afectados, sobre todo en lo relativo a la pérdida de empleo, por su dependencia de décadas con el sector de la construcción. En dos años este país ha aumentado en casi 2 millones de personas su tasa de desempleados y ha pasado de superávit fiscal a un déficit cercano a 3 por ciento de las finanzas públicas.

Desde los organismos internacionales y agencias de calificación se expresó preocupación ante el futuro inmediato de España, que corría el riesgo de verse contaminada por la crisis estructural de Grecia y Portugal.

Con este panorama, el mandatario español presentó ante el Parlamento un drástico plan de ajuste, que consiste en nueve medidas que se aprobarán en el Consejo de Ministros del próximo viernes, y en un anuncio, todavía sin aclarar, pero que consistiría en un aumento de la tasa impositiva a las rentas más altas.

El principal recorte del gasto público se hará con la reducción de los salarios de los funcionarios, incluidos los docentes universitarios, con lo que el gobierno español aspira a un ahorro hasta de 4 mil millones de euros.

Según los cálculos anunciados por Rodríguez Zapatero la reducción promedio será de 5 por ciento, que se aplicará también al próximo ejercicio y que afectará a funcionarios, policías, bomberos, personal sanitario y todos los dependientes de las administraciones públicas.

El mandatario sugirió que la disminución del gasto será mayor si otras instituciones adoptan medidas similares, al señalar al Congreso de los Diputados, el Senado, los 17 parlamentos autonómicos y al Poder Judicial, que tienen autonomía para fijar sus propios salarios, y que no están supeditados a un real decreto del gobierno central.

El gobierno español también aspira a reducir el gasto público en mil 500 millones de euros con la suspensión en 2011 de la revalorización de las pensiones, medida que rompe con una larga tradición de actualizar los ingresos de los mayores con el aumento del nivel de vida. Los únicos que están excluidos son los que tienen jubilaciones no contributivas y mínimas. Se calcula que 6 millones de personas se verán afectadas por esta reducción.

El gobierno español también anuló el cheque-bebé, una de las iniciativas estrellas del comienzo de su primera legislatura, que entró en vigor en julio de 2007, y consistió en una ayuda de 2 mil 500 euros para cada familia por el nacimiento de cada hijo. Este programa supuso el año pasado unos mil 500 millones de euros, con lo que se prevé un ahorro similar para este año. El plan ya benefició a más de un millón y medio de personas.

Otras reducciones importantes del gobierno español se harán en el gasto farmacéutico, con planes de ahorro en medicinas y en la duración de los tratamientos; también se elimina la retroactividad de la ley de dependencia y se reducirá la inversión pública en más de 6 mil millones de euros.

Rodríguez Zapatero también recortará en 600 millones de euros la ayuda oficial al desarrollo, o sea que limitará más el monto destinado a los países más pobres, y lo mismo hará con los fondos para los planes de educación, sanidad e infraestructura en América Latina, y sobre todo África.

El mandatario también invitó a las comunidades autónomas a adoptar medidas similares para disminuir en 5 mil millones de euros más el gasto público.

El FMI se limitó a señalar que las medidas son el mejor camino para reforzar la confianza de los mercados, y la Comisión Europea señaló en un comunicado que las medidas parecen ir en la buena dirección.

En tanto, los principales líderes sindicales anunciaron un conflicto social ante la quiebra del discurso del gobierno, que prometió que la crisis no la pagarían los más pobres, lo que supone, según UGT y CCOO, un cambio de escenario en las relaciones con las organizaciones sindicales.