Pachuca, Hgo., 11 de mayo. El Movimiento Cívico Todos Somos Zimapán y la Unión y Fuerza Indígena y Campesina (UFIC), entre otras organizaciones, además de campesinos de los municipios de San Salvador, Chilcuautla e Ixmiquilpan, se manifestaron frente al palacio de gobierno para exigir la libertad de 39 indígenas de Yolotepec, municipio de Santiago de Anaya, detenidos el 20 de abril tras un enfrentamiento con personal del Congreso local y policías estatales.

A los agresores se les acusa de homicidio en grado de tentativa, daños y lesiones, por lo que no alcanzan libertad bajo fianza.

Los manifestantes, integrados en la organización Pueblos Unidos en Defensa de los Hidalguenses, señalaron que el día de la confrontación los vecinos de Yolotepec acudieron al Congreso estatal a fin de exigir que se cumplieran acuerdos para solucionar un conflicto derivado de una compraventa fraudulenta de tierras, en la que está involucrado el diputado local priísta Reyes Vargas Paredes.

Alejandro Hernández Ballina, dirigente estatal de la UFIC, acusó a personal del Congreso de provocar el enfrentamiento por impedir que los indígenas colocaran una manta en la tribuna para manifestar su inconformidad, y recordó que entre los presos hay tres menores de edad.

Los inconformes afirmaron que sólo piden que se devuelva al ejido Yolotepec los casi 10 millones de pesos del importe de la compraventa ilegal, de la que responsabilizan a Reyes Vargas y ex funcionarios ejidales encabezados por el ex presidente ejidal Braulio Damián Anaya, el ex secretario Gerardo Mejía Cruz y el ex tesorero Francisco Leonardo Hernández.

Recordaron que, para finiquitar un conflicto agrario entre Yolotepec y una comunidad vecina, se indemnizó al ejido con 19 millones 699 mil 999 pesos y se creó un fideicomiso que administraría los recursos para la compra de las tierras.

Señalaron que se erogaron 11 millones 530 mil 948 pesos para comprar 223.5 hectáreas a cinco particulares, y se pagaron 9 millones 900 mil pesos por tres hectáreas al diputado local Reyes Vargas, pero esta última operación se realizó a espaldas de la asamblea de ejidatarios, por lo que es inmoral e ilegal, dijeron.

Funcionarios estatales, en nombre del secretario de Gobierno, Gerardo González Espínola, recibieron las quejas por escrito y ofrecieron dar pronta respuesta, pero no fijaron fecha.