San Cristóbal de las Casas, Chis., 10 de mayo. Nuevo Jericó, comunidad chol, zoque y tzeltal en el municipio de Palenque, denunció a las autoridades ministeriales del gobierno estatal por no respetar las decisiones de las autoridades comunitarias, violar sus garantías y amagar con perseguir judicialmente a los representantes por ejercer sus derechos colectivos y de gobernabilidad.

Las autoridades ejidales refieren que Rosa Peñate Díaz, de 75 años de edad, fue agredida brutalmente en su domicilio, el pasado 25 de octubre de 2009, por José Luis Peñate Gómez y su madre Gerónima Gómez Jiménez. Debido a los numerosos golpes, Rosa Peñate quedó inconsciente.

Ante ello, sus familiares pidieron la intervención de la autoridad comunitaria. En menos de 24 horas, indican éstas, el problema quedó resuelto, habiéndose acordado la reparación de daño por 3 mil pesos, por lo que la señora Gerónima dejó como garantía su certificado parcelario.

Los agresores dijeron acatar la decisión de la justicia comunitaria, pero enseguida acudieron a la Fiscalía del Ministerio Público, mesa 2, en Palenque. El fiscal Jorge Luis Zenteno Zenteno, desconoció la autoridad comunitaria, y además amenazó con aprehender al agente municipal ejidal Lucas Montejo Arcos, por el hecho de cumplir con sus funciones de autoridad comunitaria.

Además, el fiscal de distrito de la zona Selva permitió que quedaran sin reparar los daños a Rosa Peñate. Los agresores contra demandaron al ejido por abuso de autoridad, ignorando el acuerdo entre las dos partes mediante usos y costumbres.

La comunidad de Nuevo Jericó sostiene: El gobierno tiene la obligación de respetar las autoridades comunales, la asamblea tradicional, la cultura y nuestro sistema jurídico de gobierno interno, de acuerdo con nuestros usos y costumbres. Merecemos ser respetados (en) nuestros derechos como pueblo indígena. Existe un acuerdo en la comunidad de solucionar todos los problemas que surgen en el ejido, porque tenemos capacidad y facultad de hacerlo mediante la asamblea como máximo órgano.

Al no ser respetados sus derechos, agregan los indígenas, el gobierno permite que se fabriquen delitos a las autoridades nombradas verdaderamente por el pueblo y no por partidos políticos, y así viola derechos humanos por su política racista. Exigen la cancelación de la averiguación previa contra el agente rural municipal y que se castigue a los responsables de la agresión a Rosa Peñate.

Al pronunciarse sobre el caso, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) afirmó que existen elementos para considerar que la autoridad ministerial realizó actos discriminatorios hacia las autoridades de Nuevo Jericó, tendientes a desconocer sus derechos como representantes de un pueblo indígena.

Destaca la responsabilidad del gobierno mexicano en garantizar que los actos emitidos por sus agentes estatales se apegue al cumplimiento y garantía de los derechos de los pueblos indígenas contenidos en tratados internacionales suscritos y ratificados por las autoridades de México.