Madrid, 10 de mayo. El juez de la Audiencia Nacional española, Baltasar Garzón, declaró hoy ante el Tribunal Supremo como imputado, en esta ocasión por las investigaciones y hallazgos que lo llevaron a descubrir una de las tramas de corrupción política más grandes en las historia del país, el llamado caso Gürtel, que afecta a destacados dirigentes y funcionarios públicos del derechista Partido Popular (PP).

El magistrado, que enfrenta un proceso por un supuesto delito de prevaricación que le podría apartar definitivamente de la carrera judicial, fue interrogado por algunas de sus actuaciones durante la investigación de la trama de corrupción política y empresarial, sobre todo la relacionada con la intervención telefónica y el espionaje que sufrieron algunos de los responsables de la trama con sus abogados, éstos últimos también investigados por diversos delitos.

La actuación de Garzón fue crucial para llevar a cabo una de las investigaciones policiales más complejas y relevantes de los últimos años, pues puso de relieve una trama de corrupción política y empresarial a gran escala en la que están presuntamente implicados destacados dirigentes del PP, entre los presidentes de las comunidades autónomas de Madrid y Valencia, Esperanza Aguirre y Francisco Camps, y el ex tesorero del PP y senador, Luis Bárcenas.

Las investigaciones policiales desvelaron una práctica de corrupción que afectaba a los contratos públicos y al auge de la industria del ladrillo, que permitió el enriquecimiento ilícito de centenares de personas vinculadas a la trama.

El magistrado español negó ante el Alto Tribunal las acusaciones de prevaricación en su contra, al insistir en que las prácticas que llevó a cabo de rastreo de conversaciones y llamados de alguno de los imputados con sus abogados fueron necesarias –aunque no determinantes- para esclarecer la trama corrupta.

Esta es la tercera comparecencia de Garzón ante el Tribunal Supremo, el órgano que decidirá finalmente si es inhabilitado de su profesión, ya sea por sus investigaciones contra el PP o por las denuncias presentadas por la Falange Española por investigar los crímenes del franquismo.

El magistrado, conocido internacionalmente por su actuación contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet, también está siendo procesado por sus actuaciones para investigar los crímenes de la dictadura franquista y para ayudar a los familiares de las víctimas de la represión a encontrar los restos mortales de sus seres queridos, enterrados en las decenas de miles de fosas comunes dispersas en el país.