Seis organizaciones no gubernamentales (ONG) demandaron ante la Procuraduría General de la República (PGR) al fideicomiso empresarial Punta Carey, por haber deforestado manglares para construir un complejo hotelero en Quintana Roo.

La zona donde se pretende erigir el complejo hotelero es frágil y se perturbaría el entorno ecológico del área, dijo Alejandro Olivera, coordinador de la campaña de océanos y costas de Greenpeace, que interpuso la demanda junto con el Grupo Ecologista del Mayab (Gema), Teyeliz, MOCE Yax Cuxtal, Defenders of Wildlife y Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

Las ONG informaron que la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) determinó que el fideicomiso deforestó manglares para delimitar el terreno donde construirá el proyecto Punta Carey, e impuso una multa de apenas 15 mil pesos.

Por ello las ONG presentaron la denuncia en la PGR, pues la destrucción de mangle está tipificada como delito en el código penal. Olivera solicitó a las autoridades federales y del municipio de Tulum, donde estaría asentado Punta Carey, que revoquen los permisos al fideicomiso para que respeten las especies en riesgo y un santuario de tortugas.

Regalo millonario, multa ridícula

Las ONG denunciaron que el fideicomiso deforestó de manera ilegal mil 395 kilómetros cuadrados de especies en riesgo como manglares y palma chit, supuestamente para delimitar el predio turístico. La Profepa confirmó la remoción de mangle blanco y rojo, palmas nakax y chit, así como vegetación de tres ecosistemas distintos: duna costera, área de humedales y selva mediana subcaducifolia. A consecuencia de ello la Profepa multó al fideicomiso con 14 mil 960.40 pesos.

El grupo de ONG consideró que la multa es ridícula y demuestra que el valor ambiental de los daños está subvaluado. Además, el fideicomiso empezó a construir el proyecto turístico sin los permisos de impacto ambiental. “Estas acciones demuestran que el promovente inició su proyecto de manera ilegal sin permisos y talando especies en riesgo de la NOM-Ecol-059, luego de ofrecer un ‘regalo de cumpleaños’ al gobernador de Quintana Roo por 8 millones de dólares. Esto es ilegal”, destacó Araceli Domínguez, del grupo Gema.

La Secretaría del Medio Ambiente no puede darle los permisos para la construcción del proyecto a quienes destruyeron parte del ecosistema Xcacel, afirmó Juan Carlos Cantú, director de programas de Wildlife de México.