El presidente Felipe Calderón ordenó que, como parte de su nueva estrategia contra el crimen organizado, únicamente las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) unan esfuerzos en materia de inteligencia operativa con las agencias estadunidenses DEA y FBI, y se limpien las zonas que controlan los cárteles de la droga, los cuales han generado un alto índice de violencia e incertidumbre social, principalmente en los estados de Guerrero, Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas y Nuevo León.

Funcionarios que forman parte del gabinete de seguridad nacional revelaron lo anterior y agregaron que, en este contexto, dicho cuerpo colegiado analiza los resultados de un estudio elaborado por la Sedena respecto de los cárteles, sus grupos de sicarios y la penetración social que han tenido, por lo que propone que se decrete estado de excepción en al menos 23 municipios del país, ubicados en las entidades más conflictivas.

Las fuentes consultadas informaron a La Jornada que el presidente Felipe Calderón Hinojosa determinó que solamente las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina se vinculen con la DEA y la FBI, a fin de que la Policía Federal (PF), que depende de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal –que dirige Genaro García Luna–, se haga cargo de las zonas cuando ya estén limpias.

Después de la salida de militares o marinos, los policías federales tendrán como responsabilidad el sostenimiento de la seguridad pública en las regiones consideradas prioritarias.

Los funcionarios entrevistados señalaron que este cambio de vinculación entre las autoridades mexicanas y estadunidenses obedece a la desconfianza de las agencias extranjeras en la policía y la falta de operatividad de los órganos de inteligencia.

Asimismo, puntualizaron que los agentes de la DEA y de la FBI no actuarán de manera directa con los grupos de militares y marinos, como ocurría con la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), corporación que creó y extinguió el mencionado García Luna.

La DEA, la FBI y las dependencias nacionales elaborarán reportes de inteligencia que serán intercambiados en tiempo real, a fin de detectar células criminales, y corresponderá a las autoridades mexicanas realizar lo que denominan en el argot gubernamental actos de prevención, acción y reacción, que incluyen la persecución y detención de los grupos criminales.

Pero este trabajo coordinado con las agencias estadunidenses no significa que marinos y soldados laboren juntos o realicen operativos de manera conjunta, pues cada cuerpo se encargará de sus propias operaciones con sus hombres.

La información recabada refiere que no tendrán ninguna intervención en estos intercambios de información los órganos de inteligencia que opera la Procuraduría General de la República (PGR), como son un área de la recién creada Policía Federal Ministerial (PFM), que encabeza Wilfrido Robledo Madrid, ni tampoco el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), que dirige el almirante José Luis Figueroa, a pesar de que allí se recibió la alerta que concluyó en el operativo en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, en que fue abatido el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, El Barbas.

Por lo que hace al estado de excepción en algunas zonas o municipios del país, el informe elaborado por la Sedena –y que fue entregado a la Secretaría de Gobernación– ya es analizado por las distintas dependencias que también integran ese órgano de coordinación, como son Sedena, PGR, Semar, Hacienda y Crédito Público, SSP federal, Presidencia de la República, Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la cancillería.

Fuentes castrenses consultadas insistieron en la necesidad de fijar el estado de excepción al menos en algunos municipios, aunque aceptaron que de llevarse a cabo la propuesta se tendría que poner especial énfasis en el tema de los derechos humanos.

Trascendió que entre las alternativas que analiza el gabinete de seguridad nacional está involucrar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a las comisiones estatales en la materia para que sigan de cerca los operativos anticrimen, una vez que entre en vigor la restricción constitucional de garantías.

Entre los municipios en los que se pretende aplicar el estado de excepción destacan: Ciudad Juárez, Chihuahua; Ciudad Miguel Alemán, Ciudad Mier, Río Grande, Matamoros, Reynosa y Tampico, Tamaulipas; El Cuarenta, Anáhuac y La Jarita, en Nuevo León, y Acapulco y Ciudad Altamirano, Guerrero.

Comentaron que, de acuerdo con el artículo 29 constitucional, en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los titulares de las secretarías de Estado y la PGR, y con la aprobación del Congreso de la Unión... podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación, pero deberá hacerlo por tiempo limitado...