Las denuncias por maltrato y hostigamiento laboral en la Secretaría de Gobernación van en aumento sin que hasta el momento el titular de la dependencia, Fernando Gómez Mont, haya intervenido para solucionar este clima de trabajo adverso.

Primero, funcionarios y trabajadores de base de la Subsecretaría de Gobierno documentaron prácticas de discriminación salarial y corrupción; ahora, servidores públicos de la Unidad de Asuntos Jurídicos de esta secretaría afirman que la directora de Relaciones Jurídicas y Laborales, Amelia Borrego Dorantes, incurre en abuso de autoridad, amenazas y prepotencia extrema.

La funcionaria, que mantiene el área a su cargo en una situación de hartazgo insoportable –de acuerdo con las denuncias que por escrito han hecho sus subalternos–, fue destituida como secretaria de acuerdos de un juzgado de distrito en el año 2000. El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) concluyó que Borrego Dorantes actuó de forma parcial y, además, se comprobó su ineptitud para ejercer el cargo.

Después de una amplia investigación de este órgano rector del Poder Judicial, se comprobó que ella y su jefa, la juez María Es-ther Rodríguez Juárez, mantenían una relación estrecha y vínculos amistosos con abogados que litigaban decenas de juicios de amparo y causas penales promovidos precisamente en ese juzgado de distrito con sede en Baja California Sur, algunos de los cuales se relacionaban con casos de presuntos narcotraficantes.

El CJF resolvió entonces que ambas funcionarias no habían preservado la dignidad y el profesionalismo propios de la función judicial y denotaron, en el caso particular de Borrego Dorantes, ineptitud en la mesa de amparos, pues carecía de la experiencia necesaria para ello. Una década después del veredicto del Consejo de la Judicatura Federal, es funcionaria de la Secretaría de Gobernación.

Tras enterarse de que 11 de sus colaboradores habían hecho públicas las denuncias los amenazó directamente, según exponen en una carta que enviaron el 29 de abril pasado a Luis Felipe Bravo Mena, secretario particular del presidente Felipe Calderón, con copia a la oficina de Gómez Mont, sin que hasta el momento hayan recibido respuesta.

“Voy a tirar y (a) correr a uno por uno de los que firmaron el documento; todos me la van a pagar. Lo que hicieron me da risa porque no va a pasar de un simple escándalo, porque a mí me respalda gente muy pesada de la que no se imaginan.

Tan es así y para que se den una idea del poder que tengo, (que) a pesar de lo que pasó en años anteriores, todavía aquí estoy como una gran funcionaria y más fuerte que nunca, señala el documento recibido en Los Pinos el pasado primero de mayo.

Los denunciantes temen no sólo que los despidan, sino que Borrego Dorantes les finque responsabilidades a fin de que los inhabiliten. En entrevista con este diario comentaron que les impide tener acceso a los expedientes y demás documentos necesarios para representar a la Secretaría de Gobernación en audiencias relacionadas con medio millar de demandas laborales –en contra de esta dependencia– que tienen curso en juzgados y tribunales.

Es decir, los propios defensores de Gobernación están en la indefensión y aseguran que laboran con un miedo aterrador ante esta funcionaria arbitraria, cuya conducta no ha sido reconvenida por el superior inmediato, Miguel Francisco González Canudas, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de Gobernación, quien tomó las funciones en este ramo de la otrora subsecretaría a cargo de Daniel Cabeza de Vaca.

La funcionaria, se afirma en el primer documento dirigido al presidente Calderón, utiliza términos inapropiados e incurre en conductas muy alejadas de la abogacía o de las responsabilidades de un servidor público.

Por ejemplo, para amenazar con despido a uno de sus auxiliares le dijo agarra tus chivas y lárgate, y en otra ocasión abrió la bolsa de una de sus colaboradoras para verificar si efectivamente no le contestó el celular porque lo había olvidado; también obligó a una de las empleadas a acompañarla a comer y prohibió que otra, madre soltera, se comunicara con su hija, además de impedirles la salida a la hora que les corresponde.

A su primer círculo de auxiliares les prohíbe mantener relación entre ellos, incluso para ir a comer o, en calidad de castigo, envía a personal no calificado ni autorizado a las audiencias en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con lo que –afirman los denunciantes– se compromete el trabajo de la dependencia.

Además, como medida precautoria para asegurar su lealtad, hizo firmar su renuncia por anticipado a sus colaboradores.

La funcionaria, agregan en la misiva los 11 empleados, algunos de ellos subdirectores, tiene problemas emocionales, de personalidad y probablemente sicológicos, toda vez que con su conducta denota inestabilidad personal, emocional y profesional.

En tanto, a raíz de la denuncia que en marzo hizo un grupo de funcionarios en contra de la directora administrativa de la Subsecretaría de Gobierno, Corina del Valle Ríos, se han generado otras querellas. Tal es el caso de Gregorio Gallegos Terrazas, jefe de departamento en esta subsecretaría, con 12 años de antigüedad y ningún antecedente negativo en su expediente. Durante dos años, esta funcionaria le ha impedido tomar vacaciones y, en cambio, recibe de manera directa o indirecta, por órdenes de Del Valle, amenazas y presiones para que renuncie a su cargo.

El denunciante asegura que esta situación se generó por negarse a tomar el papel de capataz y entregar un reporte diario de la situación y actividades personales de cada empleado, instrucción que recibió con el argumento de que la Secretaría de Gobernación es una dependencia de seguridad nacional. Este ambiente le provocó un cuadro sicológico adverso, avalado por médicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que le concedió la licencia médica 094LM0122557.