Las denuncias públicas nacionales e internacionales, movilizaciones sociales, e incluso resoluciones de organismos como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han sido insuficientes para lograr el acceso a la justicia y castigo a los responsables de las violaciones a las garantías fundamentales de las mujeres agredidas de San Salvador Atenco.

A cuatro años de las detenciones y tortura sexual a que fueron sometidas al menos 26 de las 47 mujeres detenidas el 3 y 4 de mayo de 2006, varias de ellas siguen luchando, a pesar y en contra del sistema judicial, que está construido para que las víctimas se vayan alejando, señaló Bárbara Italia, una de las víctimas de aquellos hechos.

El Estado, cómplice de los abusos

Durante el foro Las mujeres de Atenco, a cuatro años de impunidad, organizado por Casa Lamm y el periódico La Jornada, Jaqueline Sáenz, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, resaltó que con su inacción para castigar a los responsables, el Estado es cómplice de los abusos que culminaron con la detención de más de 200 personas y la permanencia de 12 de ellas en la cárcel.

Subrayó la situación de tres atenquenses que se encuentran en un penal de máxima seguridad, acusados de secuestro equiparado, cuando en realidad participaron en una protesta social.

En el caso de las mujeres, la abogada señaló que la agresión y utilización de ellas en sometimientos físicos y morales por policías de los tres órdenes de gobierno es, sin duda, discriminación por género.

Subrayó que la violencia contra la mujer es la peor forma de discriminación, en la cual incurrieron los cuerpos policiacos y también los órganos encargados de la procuración de justicia, que se negaron a fincar responsabilidades por violación y tortura sexual.

Las dos únicas consignaciones emitidas sólo acusaron a policías municipales de actos libidinosos y abuso de autoridad. En ambos casos, los implicados fueron absueltos.

Andrea de la Barreda, miembro del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres y ponente en el foro realizado el viernes pasado, planteó que es imperativo exigir justicia mientras no se investigue, se sancione y se establezcan medidas efectivas de que no se repetirán.

Advirtió que aunque fue un proceso difícil, a escala internacional ya se reconoce la tortura sexual como un delito de lesa humanidad. El hecho de que en el caso Atenco se haya evadido esta figura es evidencia de que el mexicano es un Estado autoritario que atenta contra la democracia, la participación ciudadana y agrede los derechos de las mujeres.

Refirió la sentencia de la CIDH sobre el caso del campo algodonero de Ciudad Juárez, de noviembre de 2009, donde el organismo fija las pautas para reconocer las agresiones por género, ninguna de las cuales fue atendida en el caso Atenco.

Mencionó, entre otros, que la integración de averiguaciones previas e indagatorias debe efectuarse con perspectiva de género.

Para Bárbara Italia, el tiempo transcurrido no ha significado el abandono de su lucha por la justicia y la reparación del daño, porque eso es lo que quieren las autoridades, que estemos calladitas. Recordó que así se los decían los policías. Si habían sido detenidas y eran víctimas de agresiones sexuales era porque se lo merecían, por no haberse quedado en sus casas.

Sin embargo, Bárbara se dijo convencida de la necesidad de romper el círculo de la impunidad. Por ello se mantendrá en su búsqueda de justicia en el ámbito jurídico nacional e internacional, así como con la denuncia pública.