l promulgar la ley SB 1070, iniciativa inmigratoria de Arizona que vuelve sujeto de persecución a cualquiera que tenga aspecto de extranjero en ese estado, la gobernadora Jan Brewer se quejó: Nosotros en Arizona hemos esperado con paciencia a que Washington actúe. Pero décadas de inacción federal y de políticas mal encaminadas han creado una situación peligrosa e inaceptable.

Yo estaría de acuerdo, pero con una corrección. Yo diría que los estadunidenses hemos esperado que el gobierno federal encuentre una solución al problema de la inmigración ilegal, y los de Arizona no. Ellos han actuado, sin duda, pero no en la forma correcta ni por las razones apropiadas. También estaría de acuerdo en que la situación es peligrosa e inaceptable, pero la ley SB 1070 de Arizona la hace peor, no mejor.

De 2002 a la fecha, el gobierno federal ha gastado más de 100 mil millones de dólares en iniciativas de represión en la frontera. Esto representó duplicar el número de agentes de la Patrulla Fronteriza a casi 20 mil; tender mil 120 kilómetros de malla electrificada; instalar una cerca virtual que costó miles de millones y no funcionó, y triplicar el número de camas de detención.

Todo ello sin mencionar el personal, armamento y otros recursos gastados en operaciones de persecución y captura de inmigrantes en años pasados, las cuales sirvieron para separar a indefensos padres y madres de sus aún más indefensos hijos.

Y sin embargo, pese a esta estrategia, junto con sus trágicas consecuencias humanas, no ha habido progreso sostenible. De hecho, el número de indocumentados se ha elevado más de 50 por ciento en los 10 años anteriores, de 7 millones según el censo de 2000 a 11 millones hoy día.

Tomando prestada una canción inglesa de cuna ni todos los caballos ni todos los hombres del rey han podido recomponer nuestro sistema de inmigración.

La ley SB 1070 de Arizona no es una afirmación de que las medidas de represión por sí mismas sean el enfoque apropiado para la inmigración ilegal, sino la confirmación de que las tácticas basadas sólo en la represión no han funcionado. Debería ser un llamado a despertar –una voz que clama desde el desierto, si les parece–, dirigido a nuestros líderes nacionales, de que se necesita otro enfoque.

Pese a su carácter polémico, una reforma inmigratoria integral es la mejor manera de proteger la frontera y hacernos una nación más segura.

Es puramente lógico. Sacar de las sombras a 11 millones de indocumentados para que se registren ante el gobierno, lo cual sería el objetivo de una reforma, eliminaría el deseo o la necesidad de una ley como la de Arizona. Crear más avenidas legales para que los trabajadores migratorios vengan y laboren en nuestro país –otro componente de esa reforma– daría a los oficiales de la ley más tiempo y dinero para perseguir a quienes constituyen una verdadera amenaza: traficantes de drogas y de personas, y terroristas potenciales. También ayudaría a satisfacer nuestras necesidades laborales futuras.

Tales reformas sacarían a las personas indocumentadas de la ecuación de la represión, lo cual facilitaría proteger nuestras comunidades y la frontera. También restauraría el estado de derecho de un modo que afirmara tanto nuestros intereses de seguridad nacional como el compromiso a largo plazo de nuestra nación con los derechos humanos fundamentales, los cuales se ven amenazados por leyes como la SB 1070.

El marco regulatorio de la reforma de inmigración revelado en fecha reciente por varios senadores claves sugiere que tal vez el clamor venido del desierto ha sido escuchado y que la ayuda viene en camino. Si bien se recarga demasiado en los métodos acostumbrados de represión, junto con otras fallas, es un buen punto de partida y contiene varios cambios que se vienen necesitando desde hace mucho tiempo en nuestras leyes relativas al empleo e inmigración de familias. El presidente Obama y los senadores republicanos y demócratas por igual, incluidos los dos del estado de Arizona, deben participar activamente en este proceso, como el mejor camino hacia una frontera segura y un sistema inmigratorio viable.

El verdadero mensaje de la promulgación de la SB 1070 es que el país está impaciente con la postura política de Washington y quiere que nuestros líderes trabajen conjuntamente para enfrentar este desafío nacional. Arrojar dinero al problema y esperar al próximo ciclo electoral no es aceptable. La gobernadora Brewer estará de acuerdo en que lo que ayudaría a Arizona, así como a la nación, es una solución, no dejar las cosas como están.

Una reforma inmigratoria integral es esa solución, y debe ponerse en vigor de inmediato. Sin ella, otros estados comenzarán a tomar la ley, y la Constitución, en sus manos.

Publicado originalmente en la página web de The Washington Post. Aparece con la autorización del autor.

*Obispo de Salt Lake City, Utah, y presidente del Comité de Migración de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos.

Traducción: Jorge Anaya