Desaparecer la figura del arraigo, aumentar el número de defensores de oficio, eliminar el hacinamiento en los centros de reclusión y capacitar al personal de seguridad para evitar vejaciones y malos tratos contra los detenidos, son algunas de las recomendaciones hechas al gobierno de México por el Subcomité para la Prevención de la Tortura, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El documento se terminó de elaborar en junio de 2009, pero hasta ayer se dio a conocer, luego de que el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) revocó la reserva de 12 años que le impuso la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), con el argumento de que se trata de un informe confidencial y que su publicación pondría en peligro el logro de sus objetivos.

A la par de que se dio a conodicho documento, las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y Seguridad Pública, así como la Procuraduría General de la República (PGR) presentaron el plan de acción para el cumplimiento de las recomendaciones del organismo de la ONU.

Entre los objetivos de dicha estrategia se encuentra dar capacitación integral y con enfoque de derechos humanos a todos los servidores públicos federales y estatales que tienen contacto con personas privadas de la libertad, así como reforzar y establecer medidas de control para evitar que se cometan arbitrariedades y prevenir la tortura en los centros de detención.

Asimismo, garantizar que se investiguen todas las denuncias de tortura, mejorar las condiciones en que se ejecuta la privación de la libertad e impulsar los cambios contenidos en la reforma al sistema de justicia penal.

En atención a las sugerencias del subcomité, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que ya se han realizado avances para fortalecer los mecanismos destinados a la prevención de la tortura y mejorar el sistema de protección de las personas privadas de la libertad. Por ejemplo –señala–, se llevó a cabo la restructuración del Centro de Internamiento y Adaptación de Adolescentes Infractores de Nuevo León.

Sobre la recomendación de eliminar el arraigo, que también aparece en el informe de la ONU sobre los derechos humanos en México, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo, dijo que esa figura no va a desaparecer, pues es compatible con la Convención de Palermo sobre garantías individuales.

Además, dijo que el tema ha tenido menos relevancia debido a la forma en que se ha estructurado el arraigo, a partir de la utilización de jueces de control.

Si bien México no rechaza estas recomendaciones, agregó que está en su derecho de hacer una interpretación de las mismas.

Otras sugerencias son agilizar la aplicación de las reformas en materia de justicia, evitar exhibir en medios de comunicación a detenidos que no han sido sentenciados, revisar y actualizar cursos de capacitación para policías en temas de derechos humanos, fortalecer la gobernabilidad en los reclusorios y evitar el autogobierno.