Indígenas de Chiapas y Oaxaca coinciden en el Zócalo capitalino en demanda de justicia. Los chiapanecos integrantes del Movimiento Campesino Regional Independiente exigen la liberación de 34 presos, entre ellos el dirigente de la organización, Francisco Jiménez Pablo, mientras los oaxaqueños denuncian la agresión de grupos paramilitares presuntamente de la Unidad de Bienestar de la Región Triqui contra la caravana que se dirigía a San Juan Copala.

Ambos, en sus respectivos espacios apenas sombreados con algunos plásticos, hablan de sus muertos y detenidos. Las triquis, con sus vestimentas rojas, se afanan en reunir víveres para las familias que siguen aisladas en el municipio autónomo de San Juan Copala, donde –dice Jorge Albino– ya ni las mujeres pueden salir a buscar alimentos por el terror a ser secuestradas o asesinadas.

Ofrecen sus artesanías a quienes se acercan, y el dinero que logren reunir será para enviar alimentos a San Juan Copala; su esperanza es que nuevamente vaya una caravana humanitaria a la región, pero ahora encabezada por integrantes del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Demandan que se investigue quiénes agredieron a la caravana, en la que fallecieron Beatriz Alberta Cariño, de la organización Cactus, y el finlandés Tiry Antero Jaakkola, pero que ello no se utilice como pretexto para militarizar la región.

Wilfrido Hernández Jarquín, vocero del Mocri, explica que, en la mayoría de los casos, los 34 presos están acusados de obstruir las vías federales de comunicación, debido a las diversas marchas y protestas de la organización para demandar vivienda, hospitales, caminos vecinales, escuelas y agua potable.