Para supervisar miles de juegos y sorteos que se registran anualmente, la Secretaría de Gobernación cuenta con una plantilla de apenas 48 inspectores –en activo– que deben dar fe de la legalidad en el desarrollo de los mismos, incluidas cientos de salas de sorteo de números, conocidos como bingos, peleas de gallos, carreras de caballos, ferias, entre otras modalidades.

Este sector está regido por una ley que prohíbe las apuestas y, por supuesto, las actividades financieras ilegales.

Sin embargo, funcionarios de la dependencia consultados por este diario reconocieron que la forma de operación de las empresas de este rubro representa un canal para actividades ilegales como el lavado de dinero, especialmente en la frontera norte.

Tan sólo el año pasado se otorgaron más de 3 mil permisos, adicionales a las actividades ordinarias de 25 permisionarios que operan en locales fijos.

Uno de ellos, Administradora Mexicana de Hipódromo, constituida en 1997, entregó al erario el año pasado 43.2 millones de pesos, pero las autoridades desconocen –o por lo menos no se ofrece información pública– acerca del rango de ingresos totales de este tipo de empresas.

Antes de 2005, los permisionarios y otros solicitantes de celebración de juegos y sorteos pagaban un porcentaje mínimo de impuestos (menos de 5 por ciento del total de fichas o tarjetas vendidas) y, tras una enmienda hacendaria, duplicaron sus aportaciones. Así, en 2006, la empresa citada pasó de 18.3 a 32.9 millones de pesos como entregas a la Federación.

Ayer, cuando Gobernación reconoció públicamente que la operación de establecimientos, especialmente los no registrados o ilegales, puede tener vínculos con el crimen organizado, también habló por primera vez de la necesidad de proteger a la población vulnerable.