Opinión
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Hacia el fin del uribismo en Colombia
S

i la guerra sucia lanzada por la derecha colombiana no detiene la carrera hacia la presidencia del ex alcalde de Bogotá, Antanas Mockus, lo más probable es que el uribismo esté llegando al fin de su ciclo. Juan Manuel Santos, ex ministro de Defensa del actual gobierno y candidato del presidente Álvaro Uribe, favorito indiscutido hasta hace un par de semanas, ha visto cómo su candidatura se vio rebasada por la marea verde de los partidarios de Mockus.

La forma en que se produjo su vertiginoso ascenso muestra que un periodo de la política colombiana se está cerrando. Filósofo y matemático de ascendencia lituana, rector de la Universidad Nacional entre 1990 y 1993, Mockus fue dos veces alcalde de Bogotá, entre 1995 y 1998, cuando renunció para postularse a la presidencia, y luego entre 2001 y 2004. No forma parte de la tradicional y elitista clase política colombiana, aunque fue candidato a la vicepresidencia en 1998 en la fórmula con Noemí Sanín, quien militó en el Partido Conservador.

A principios de abril Mockus tenía apenas 10 por ciento de las intenciones de voto. Un mes después rebasa 40 por ciento, dejando atrás a Santos, que sigue estancado en torno a 30 por ciento. En septiembre de 2009, tres ex alcaldes de Bogotá se adhirieron al Partido Verde: Mockus; Luis Eduardo Garzón, que se retiró del izquierdista Polo Democrático, y Enrique Peñalosa, que proviene del Partido Liberal. El 14 de marzo el Partido Verde (constituido en octubre de 2009 a partir del Partido Verde Opción Centro, que nunca pasó de fuerza política testimonial) realizó elecciones para definir el candidato presidencial. Ganó Mockus, pero unas 900 mil personas participaron en la votación, algo inédito que anticipaba la posterior marea verde.

La anterior es apenas la historia formal. Porque la Colombia de abajo viene cambiando aceleradamente y mucho antes de que se modificara el escenario grande. En septiembre y octubre de 2008 confluyeron varias protestas y movilizaciones, rurales y urbanas, pero muy en particular la huelga de 10 mil cortadores de caña en Valle del Cauca con la Minga de los Pueblos lanzada por los indígenas nasas del Cauca, que recorrió parte del país para arribar a Bogotá, donde fue masivamente recibida por la población (ver La otra Colombia, La Jornada, 24/10/08). Algo nuevo se está cocinando en el país, dijo en ese momento el periodista y escritor Alfredo Molano, una de las voces más críticas y respetadas del país. Fue algo así como un ¡Ya basta! que abrió fisuras en la cultura de la guerra.

Desde 2002, cuando Uribe fue elegido presidente, en momentos en que habían fracasado las negociaciones de paz con las FARC, la población se enfrenta a las consecuencias más nefastas de la política de seguridad democrática aplicada bajo el paraguas del Plan Colombia. La pobreza sigue afectando a la mitad de la población: 46 por ciento de los colombianos son pobres y 17 por ciento son indigentes. Cuatro de cada cinco asalariados ganan menos de dos salarios mínimos, 58 por ciento de los trabajadores son informales y el desempleo trepa hasta 13 por ciento, según un amplio informe del periódico Desde Abajo. El sistema de salud se ha colapsado por falta de financiación, y la educación es pésima.

Si la política social del uribismo se reduce al clientelismo, en gran medida porque el régimen aumentó el gasto militar de 4.8 por ciento del PIB en 2002 a 5.6 por ciento en 2010, los beneficios de la seguridad son percibidos apenas por las elites y las clases medias altas. Para los indígenas, por ejemplo, los ochos años de Uribe han sido catastróficos: mil 200 muertos, 176 desapariciones forzadas, 187 violaciones sexuales y torturas, 5 mil casos de amenazas y 84 ejecuciones extrajudiciales. Apenas una muestra de lo que supuso el uribismo para los de abajo. A todo ello habría que sumar la corrupción generalizada, los escandalosos falsos positivos (asesinatos de civiles inocentes para hacerlos pasar por guerrilleros muertos, con anuencia del gobierno), el trato privilegiado dado a los grupos paramilitares que nunca se desmovilizaron, y la narcopolítica, la conexión entre narcos, paramilitares y el gobierno de Uribe. Ante semejante panorama, no puede sorprender que a los colombianos les preocupe más la pobreza y la corrupción que la lucha contra las FARC.

En este sentido, la candidatura de Mockus representa para la población algo así como un respiro en lo que fue una década terrible de guerra, autoritarismo y temor. Habrá que esperar al 30 de mayo, cuando se celebre la primera vuelta, y sobre todo al balotaje del 20 de junio, para comprobar si la guerra sucia consigue impedir el triunfo del candidato verde, ya que por lo menos en dos ocasiones anteriores el magnicidio frustró expectativas de cambio: en 1989 el liberal Luis Carlos Galán fue muerto en plena campaña electoral; en 1948, el también liberal Jorge Eliécer Gaitán fue asesinado, lo que dio comienzo a una guerra inconclusa aún. Ambos encarnaban los deseos democratizadores del pueblo colombiano. Días atrás la Comisión Nacional Electoral ordenó retirar las vallas publicitarias en las que se veía a Mockus con los pantalones bajados, rodeado de Rafael Correa, Hugo Chávez y Antonio Cano, comandante de las FARC. En los próximos días puede ser peor.

A favor de Mockus puede decirse que no pertenece a la oligarquía colombiana, como Santos y buena parte de los políticos tradicionales. Sin embargo, bajo su gobierno se mantendrá el Plan Colombia, las bases yanquis no se moverán, el neoliberalismo seguirá gozando de buena salud y los militares continuarán manejando los hilos del país. En cualquier caso, algo habrá cambiado. El inquilino de la Casa de Nariño ya no esgrimirá el estilo patotero y autoritario, rayano en el desprecio, que caracteriza a Uribe. Puede disminuir la tensión con Venezuela y Ecuador, reducir la corrupción y ser menos sumiso con la Casa Blanca. Toda vez que Colombia es una pieza clave en la estrategia de Estados Unidos, los cambios desde arriba prometen ser apenas cosméticos. Sin embargo, para muchos colombianos sería un respiro indispensable.