Quito, 6 de mayo. Los indígenas lograron este jueves que el Congreso ecuatoriano aplace la votación de una ley sobre el manejo del agua, tras nuevas protestas que fueron reprimidas por la policía y dejaron dos manifestantes heridos.

La Asamblea –de mayoría oficialista– resolvió postergar la discusión del proyecto al que se oponen los indígenas con el argumento de que perderán el control de las fuentes hidrícas en sus territorios, y favorece a mineras y empresas embotelladoras.

La Asamblea no ha logrado ponerse de acuerdo, eso ya es un triunfo y nos da la razón de que hay que modificar la ley, dijo Luis Andrango, presidente de Fenocin, un movimiento que agrupa a negros e indígenas.

Tras conocer la decisión, los indígenas se replegaron hacia un parque del centro de la capital. La movilización continúa. Posiblemente habrá un levantamiento. Están defendiendo a las mineras y las embotelladoras, señaló a Marlon Santi, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie).

Más temprano los indígenas se enfrentaron con la policía, que les impidió cercar el Congreso como lo hicieron el martes, y pese a las advertencias del gobierno de izquierda de Rafael Correa.

Un líder de la manifestación denunció que uno de los indígenas recibió un disparo de la policía, pero la Cruz Roja no confirmó la causa de la lesión.

Los disturbios se desarrollaron en los alrededores de la Asamblea Legislativa (en el centro de la capital), donde se debatía la polémica ley, que según los indígenas privatizaría el recurso y los excluye de los organismos que regularían su manejo.

No se informó cuándo se reanudarán las discusiones.

Los indígenas, 35 por ciento de la población ecuatoriana de 14.2 millones de habitantes –según cifras de sus representantes no confirmadas oficialmente–, exigen que una autoridad colegiada, en la que tengan voto, reglamente el uso del agua.

Pero el oficialismo insiste en que la rectoría del recurso y sus políticas recaen en el presidente y no en manos de una organización, en referencia a la Conaie, que participó en el derrocamiento de los presidentes Abdalá Bucaram en 1997 y Jamil Mahuad en 2000.

Los indígenas también aseguran que el proyecto mantiene un acceso ilimitado al agua por parte de hidroeléctricas, mineras, embotelladoras y administradoras del servicio potable, lo que consideran una forma de privatización.

Este jueves el gobierno socialista llamó a los indígenas a dialogar sobre el proyecto, pero advirtió que no cederá a presiones violentas.