Para este año, los 16 fideicomisos que opera el Gobierno del Distrito Federal tendrán asignados recursos por 2 mil 544 millones de pesos; algunos, incluso, dispondrán de más presupuesto que el autorizado a secretarías de la administración capitalina; sin embargo, no son sujetos obligados a transparentar el uso de ese dinero.

Así lo denunció Lía Limón, presidenta de la Comisión de Transparencia a la Gestión de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), quien presentó una iniciativa de reformas legales para que los ciudadanos en su conjunto conozcan el destino que se da a los recursos públicos que anualmente se entregan a esos fideicomisos.

En conferencia de prensa, la legisladora de Acción Nacional citó, por ejemplo, el Fideicomiso Educación Garantizada, que este año tendrá un presupuesto de mil 602 millones de pesos, mientras que a tres secretarías –Desarrollo Económico, Turismo y Protección Civil– se les asignaron poco más de 350 millones de pesos para erogarlos este 2010.

Remarcó que como no se específica en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal que los fideicomisos son sujetos obligados a la transparencia, pues se cobijan en el secreto bancario para no informar de sus operaciones, en casos como el del Fideicomiso Museo del Estanquillo no actualiza su información desde 2007.

Lía Limón expresó que frente al derroche en esos fideicomisos, está también el caos de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, que gastará este año 93 millones de pesos, y el Fondo Ambiental Público del Distrito Federal, solamente 162 millones.