Con el propósito de no contribuir a la aplicación de la ley Arizona –la cual criminaliza la migración indocumentada–, los gobiernos de México y Estados Unidos pondrán en marcha un programa especial de repatriación voluntaria para connacionales que decidan regresar de esa entidad estadunidense.

Ambos gobiernos, a escala federal, financiarán gastos de transporte a las comunidades de origen, mientras México dará un apoyo de mil 500 pesos a cada deportado para que haga frente a los primeros gastos de retorno.

“En términos operativos, la ley Arizona es letra muerta, un callejón sin salida, porque si no hay cooperación de las autoridades de Washington, lo único que van a hacer es llenar las cárceles (de indocumentados), pero no podrán deportar, como es el objetivo de la gobernadora, porque ese proceso es facultad exclusiva de la autoridad federal”, advirtió Rolando García Alonso, coordinador de Asuntos Internacionales del Instituto Nacional de Migración (INM).

El pasado jueves, en Nogales, funcionarios de ambos países definieron este programa especial de repatriación, que se iniciará el próximo primero de junio y se prolongará hasta septiembre.

Estados Unidos se comprometió a no fichar a quienes se acojan al esquema.

México informó a las agencias federales estadunidenses, dependientes del Departamento de Seguridad Interna, que no tendrá ninguna comunicación con el gobierno de Arizona.

Desde 2005 las repatriaciones se realizan en el contexto de un acuerdo bilateral. En 2009 hubo 590 mil 91, y en el primer trimestre de este año fueron 138 mil 501; 49 mil 199 corresponden a deportaciones por puntos ubicados en Sonora, especialmente Nogales.

La ley estatal en cuestión no sólo posibilita encarcelar a indocumentados (incluso basados en la apariencia física de las personas), sino que concede a las autoridades locales facultades en materia migratoria.

Representantes de ambas naciones coinciden en señalar que la decisión de la gobernadora de Arizona no puede estar por encima de los acuerdos bilaterales, que tienen carácter federal.

Por lo anterior se alentará la repatriación voluntaria a partir de apoyos que no se otorgan al resto de deportados.

Por ejemplo, el auspicio del traslado vía aérea a la ciudad de México y, en su caso, autobuses con destino a los lugares de origen de los migrantes.

No hay una cifra general acerca del costo de este programa extraordinario. Sólo se sabe que se programarán dos vuelos diarios Arizona-ciudad de México, con capacidad de 300 personas en conjunto.

García Alonso hizo énfasis en que las deportaciones son responsabilidad de las autoridades federales.

Si las autoridades federales de Estados Unidos no cooperan con el gobierno de Arizona, simplemente esta ley está muerta, afirmó el funcionario del INM a La Jornada.

Advirtió que México no aceptará ninguna repatriación al margen del memorando bilateral citado, aunque hasta el momento el INM, en coordinación con la cancillería mexicana, no ha registrado aumento de las deportaciones por Sonora.

La ley Arizona, agregó, es inhumana, porque afecta no sólo al indocumentado, sino a toda la comunidad de ese estado, por lo que también puede ser declarada inconstitucional. Opinó que también es una medida política muy equivocada de la gobernadora.

El funcionario añadió que el programa especial de recepción al repatriado se empata también con la necesidad de brindar protección a los mexicanos para evitar que pongan en riesgo su vida al cruzar el desierto de Arizona en los meses de temperaturas más altas.

No estamos viendo todavía nada diferente (en ese estado), pero estamos tomando las previsiones ante la posibilidad de que se desate un ambiente antinmigrante fuerte; de ahí que buscamos una recepción de los repatriados mucho más digna y humana, apuntó.