os pronósticos formulados el pasado martes por el titular de la Secretaría de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien aseguró en Washington que el ciclo de la violencia en México va a disminuir en algún momento del próximo mes, y que las cifras relacionadas con las actividades del crimen organizado bajarán tal vez a finales de este año, fueron desmentidos ayer por funcionarios estadunidenses reunidos en el Capitolio: el subdirector de inteligencia de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), Anthony Placido, indicó que el gobierno de ese país espera un recrudecimiento de la violencia en México antes de que se alcance una pacificación duradera; en la misma tesitura, el director adjunto de la división de investigación criminal de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) Kevin Perkins, declaró que la horripilante violencia en México podría empeorar antes de mejorar, en tanto que David Johnson, secretario de Estado adjunto para asuntos de lucha contra las drogas, señaló que seguiremos viendo más violencia en la medida que persista la estrategia de seguridad vigente.

Tal discordancia en torno a la violencia en nuestro país deja ver la improcedencia de elaborar pronósticos como los referidos: si bien cualquier bando beligerante debe planificar sus acciones en caso de un conflicto armado, la guerra en sí –y las autoridades nacionales califican como tal la confrontación en curso con los grupos delictivos– es, por su propia naturaleza, impredecible e imposible de planificar y de reducir a plazos.

En otro sentido, llama la atención el señalamiento del presidente Felipe Calderón, quien criticó ayer a quienes regatean los aportes, los logros y sacrificios de las fuerzas armadas o que ponen en duda su enorme contribución en la fortaleza de la República.

Tales declaraciones son lamentables porque omiten los atropellos cometidos por efectivos castrenses y policiales contra civiles en el contexto de la cruzada antinarco, que en no pocas ocasiones han derivado en la muerte de personas inocentes, y porque con ello alimenta la percepción de que, para el gobierno en turno, esos decesos carecen de importancia o bien son consideradas daños colaterales inevitables y hasta necesarios.

Por lo demás, los señalamientos críticos por la movilización policiaco-militar en curso y los llamados a devolver a los soldados a los cuarteles no evidencian intento alguno por negar o minimizar aportes, logros o sacrificios de las fuerzas armadas en beneficio del país, ni por regatearles arrojo, disciplina e institucionalidad. Tales expresiones, por el contrario, se han concentrado en señalar el despropósito y el carácter contraproducente de involucrar a las fuerzas armadas en tareas que les son constitucionalmente ajenas, y han ido principalmente dirigidas a los mandos civiles, que son los que dan las órdenes y en quienes recae, por tanto, la responsabilidad última por las violaciones a los derechos humanos cometidas por efectivos castrenses: al fin de cuentas, y sin pretender impunidad para los uniformados implicados en esos episodios, si algo ha distinguido a las fuerzas armadas nacionales ha sido, precisamente, su profesionalismo, su disciplina y su acatamiento de la autoridad política. No hay, en suma, un espíritu antimilitarista en las denuncias por violaciones a los derechos humanos cometidas por militares ni en las críticas por la indebida utilización de las instituciones castrenses en el combate a la delincuencia. Las objeciones y discordancias apuntan a un problema más hondo: una estrategia errada en materia de seguridad pública, y el fortalecimiento del estado de derecho.