Chicago, 5 de mayo. El senador estadunidense Martín Sandoval, de origen mexicano, envió una carta al presidente de la junta de directores de Medias Blancas de Chicago, Jerry Reinsdorf, solicitándole que el equipo no realice en Arizona sus entrenamientos de primavera, tras la reciente aprobación en ese estado de la ley racista de migración SB 1070.

Otros equipos deberían hacer lo mismo, porque 30 o 40 por ciento de los jugadores de beisbol de las Grandes Ligas en la Unión Americana son latinos, dijo Sandoval en conferencia de prensa.

¿Cómo van a sentirse los jugadores de origen latino cuando tengan que viajar a ese estado a jugar? Personalmente tengo miedo por el color de mi piel y he cancelado cualquier traslado a Arizona, agregó.

El legislador argumentó que las sedes de entrenamiento se pagan con dinero del estado de Illinois y no parece prudente, en estos tiempos tan difíciles de presupuesto estatal, continuar gastando dólares de los contribuyentes, que están escasos, en nombre de una organización que elige continuar invirtiendo en el estado de Arizona.

Illinois, precisó, contribuye con un subsidio anual de 5 millones de dólares para las instalaciones deportivas, por lo que invito a Jerry Reinsdorf a mover el entrenamiento primaveral del equipo de Arizona, a menos que el estado modifique o abrogue esa terrible ley racista que aprobó.

Sandoval, quien representa el distrito legislativo 12, que incluye el suroeste de Chicago, así como los suburbios de Cicero, Berwyn y Stickney, señaló que ha sido un fiel aficionado de Medias Blancas toda su vida, pero también es un senador que representa el corazón de la comunidad latina en Illinois.

Lamentó que no pueda cambiar el color de su piel para Arizona, por lo que insistió en evitar cualquier tipo de relación con un estado que aceptó apoyar una ley racista.

La nueva legislación, recordó, requiere en su aplicación preguntar a la gente sobre su estado de inmigración y arrestar a los individuos si se tiene una duda razonable de que están en el país ilegalmente.

Esta ley, si es aplicada completamente, instituiría y legitimaría una política de perfil racial que infringiría los derechos civiles de los individuos y de sus familias, además de que amenazaría la noción básica de la decencia, la justicia y la imparcialidad, elementos esenciales en la forma de vida estadunidense, y no podemos permitirlo, puntualizó.