San Cristóbal de las Casas, Chis., 3 de mayo. Actualmente son cuatro los presos políticos de la otra campaña en Chiapas: Alberto Patishtán Gómez, Rosario Díaz Méndez, Manuel Heredia Jiménez y Artemio Díaz Heredia. Esto dieron a conocer en conferencia de prensa organizaciones y colectivos adherentes a la Sexta declaración de la selva Lacandona, reunidos en esta ciudad para anunciar su participación en la segunda etapa de la campaña Primero nuestras presas y presos.

Las acciones de protesta, que iniciaron hoy a escala nacional al cumplirse cuatro años de la represión en San Salvador Atenco, buscan denunciar los crímenes, la tortura física, sicológica y sexual cometidos entonces, y que se repiten día a día contra quienes siguen injustamente presos. Los gobiernos federal, estatales y municipales demuestran falta de voluntad de aplicar la justicia verdadera y su firme decisión de detener la lucha social, destruir la construcción de la autonomía y avanzar en el despojo de nuestras tierras y territorios a cualquier costo, señalaron.

Tras demandar libertad para los presos políticos en Chiapas y todo el país, expresaron el compromiso de no abandonar a sus compañeros que desde las cárceles no callan su voz y corazón de lucha. Asimismo, la Voz del Amate, organización que reúne a estos internos, inició un ayuno de 108 horas, y reiteró que sus integrantes son inocentes y rehenes del Estado.

Como si vendieran droga

En tanto, desde la región Costa, el Centro el Derechos Humanos Digna Ochoa denunció que integrantes de la Sociedad Cooperativa de Industriales de la Masa y la Tortilla Roberto Avendaño se presentaron en una tortillería en la ciudad de Arriaga que apoya la resistencia al alza de ese producto, con el afán de amenazar e intimidar, diciendo que tendría problemas muy serios, y que evitara seguir vendiendo tortilla barata para la vecina ciudad de Tonalá, ya que ellos son los que rigen en este municipio.

El centro Digna Ochoa consigna que estas acciones constituyen un delito tipificado en el Código Penal del estado como amenazas, intimidación y presunción de robo, ilícito que comete el grupo de industriales que desde enero hostiga a la resistencia local. Las autoridades no han hecho nada para evitar nuevos ataques, señala.

Integrantes del centro y del Frente Cívico Tonalteco, adherentes a la otra campaña del EZLN, ya han sido agredidos antes por los caciques de la tortilla.

Los industriales han amagado a los compañeros que hacen la labor de recepción y distribución en los barrios y colonias (Evolución, Nicatán, San Felipe, Las Flores, San Francisco, Bienestar Social, Barrio Nuevo, Colonia Nueva, El Valle, Hermanos Serdán y fraccionamiento Tonatlán, entre otros). La amenaza es que les quitarían el carro y la mercancía como si vendieran droga o algún producto ilícito.

Los denunciantes responsabilizan al edil panista de Tonalá, Hilario González Vázquez, por permitir que los industriales de la masa y la tortilla se sientan con derecho de hacer de las suyas sin que se frenen sus ataques y amenazas.