Al presentar su informe de labores, la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados definió que para contener el fenómeno de la delincuencia organizada se requieren no sólo más recursos para el Ejército, sino que en la intervención de los militares en tareas de seguridad pública se defina formalmente la existencia de una afectación a la seguridad interior en una entidad o región del país.

En el informe, la comisión sostuvo que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) suple atribuciones de otras dependencias federales en el combate al narcotráfico, y que aun cuando el país está sostenido en buena medida por el trabajo de las fuerzas armadas, los recursos que se le asignan son insuficientes para cumplir con sus obligaciones.

Resaltó que la delincuencia difícilmente podrá reducirse si no se limita el ingreso ilícito, por las fronteras del país, de armamento y drogas, y si no se fortalecen los mecanismos técnicos y jurídicos contra el lavado de dinero.

En el caso del aprovechamiento de los bienes decomisados al narco, la comisión consideró preferible optar por el abandono de propiedades, porque se trata de una figura más eficiente que la extinción de dominio.

Desmoralización de militares

El reporte, publicado ayer en la Gaceta Parlamentaria, da cuenta de las sesiones de trabajo desde su instalación en septiembre pasado hasta la integración en febrero de las subcomisiones, así como un seguimiento a la definición del gasto militar y la preocupación por la efectividad de los operativos contra la delincuencia.

Existe desmoralización entre los miembros del Ejército, ya que se libera con suma facilidad a los delincuentes que son aprendidos por las fuerzas armadas, señaló la comisión.

En la revisión del presupuesto destinado a la Sedena, los legisladores expresaron que los salarios bajos no generan un Ejército cada vez más profesional, y si bien existen necesidades en el instituto armado, el presupuesto asignado a la secretaría sólo cubre los mínimos necesarios.

La comisión propuso otorgarle un presupuesto de 46 mil millones de pesos para 2010, ante el recorte que para gasto militar propuso el gobierno de Felipe Calderón a San Lázaro.

En 2009, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda, la Cámara aprobó un presupuesto de 43 mil 623 millones 321 mil 860 pesos para la Defensa Nacional, pero en el proyecto de presupuesto 2010 Calderón propuso un gasto de 42 mil 351 millones 335 mil 57 pesos, es decir, una disminución de mil 271 millones 986 mil 803.

Finalmente, la Cámara de Diputados aprobó para 2010 un gasto de 43 mil 632 millones 460 mil 311 pesos, un aumento de sólo 9 millones 138 mil 451 pesos respecto de lo ejercido el año anterior.

La comisión resaltó que el Ejército requería de al menos 4 mil 435 millones de pesos más, para que puedan seguir solventándose sus acciones, básicamente de combate al crimen organizado.

De esos recursos, se pretendía que casi la mitad –2 mil 22 millones 780 mil pesos– se destinaran a un incremento salarial de unos mil pesos mensuales por cada elemento de tropa y disminuir con ello los índices de deserción.

Durante décadas, la tropa, que representa más de 80 por ciento de los elementos del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana, se ha enfrentado a precarias condiciones de vida, a consecuencia de las bajas percepciones, pero en los tres años recientes su situación ha mejorado, indicó.

Otro concepto que no se cubrirá es la compra de vehículos terrestres, mantenimiento de éstos, transporte aéreo y equipamiento militar por mil 212 millones de pesos.

La comisión había considerado que la continuidad de la sustitución del parque vehicular del Ejército resulta imprescindible para enfrentar la delincuencia organizada y el narcotráfico; el éxito de las operaciones militares depende permanentemente de la actualización y renovación de su equipo vehicular y de radiocomunicación.

Además propuso destinar 240 millones de pesos para concentrar y estacionar tropas en cuarteles que albergarían, cada uno, un batallón.