Salina Cruz, Oax., 2 de mayo. El conflicto en la zona triqui ya produjo más de 600 muertos en tres décadas, y sólo este año fueron asesinados un menor y cinco adultos antes que los activistas Alberta Cariño de Trujillo y el finlandés Jyri Antero Jaakkola, dijo Concepción Rueda Gómez, delegada estatal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

Deploró la muerte de ambos activistas en la emboscada paramilitar tendida la semana pasada en San Juan Copala contra una caravana de observación civil internacional, y recordó que Bety, como integrante del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, laboraba en las zonas mixteca y triqui.

Rueda Gómez expresó su esperanza de que ambas muertes no sean en vano, sino contribuyan a consolidar la paz y propicien el perdón, aunque advirtió sobre la gravedad del problema, pues en la zona triqui, además del abandono del gobierno estatal impera la inseguridad y la mayoría de la población vive en extrema pobreza.

El presidente Felipe Calderón autorizó, y la CDI destinó a las zonas triquis alta y baja, 48 millones de pesos para proyectos productivos y 26 millones para electrificación y salud, a fin de paliar el rezago y propiciar la paz y el perdón, pero el dinero no basta para cambiar las cosas, expresó.

Para cesar la violencia debe haber acuerdos de paz y que los gobiernos estatal y federal garanticen condiciones de diálogo sobre la problemática social y política; sólo así se logrará el desarrollo de la zona, sostuvo.

Añadió que en los pueblos triquis no hay agencias del Ministerio Publico y la CDI debió cambiar su sede de San Juan Copala a Juxtlahuaca. A ella le advirtieron abstenerse de opinar por el peligro de trabajar en comunidades con alto índice de violencia, pero se negó a callar, porque no podemos vivir en la cobardía.