Este lunes se cumplen cuatro años de los operativos policiacos de dos días contra pobladores de San Salvador Atenco y Texcoco, que comenzaron el 3 de mayo de 2006 y continuaron al siguiente día. En esos hechos, en que se cometieron graves violaciones a las garantías individuales de los pobladores de la región –según fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de febrero de 2009–, fueron arrestadas más de 200 personas, de las cuales 12 permanecen en prisión.

De los detenidos, los casos más emblemáticos son los de Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), a quienes –contra derecho– se les considera presos de alta peligrosidad y por ese motivo se les tiene presos en un penal de máxima seguridad.

Desde enero pasado se dictó una resolución del Poder Judicial Federal (PJF) que ordena a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal justificar legalmente la estancia en el penal de máxima seguridad del Altiplano, estado de México, de Álvarez, Del Valle y de Galindo, o de lo contrario cambiarlos a una cárcel estatal. La sentencia ha sido incumplida.

Además de los tres mencionados, otras nueve personas del FPDT están en una cárcel estatal, donde cumplen sentencias de entre 31 y 67 años, las cuales son revisadas actualmente por la SCJN.

La Corte analizará los casos de Ignacio del Valle, Héctor Galindo y Felipe Álvarez; asimismo, los procesos de Juan Carlos Estrada Cruces, Óscar Hernández Pacheco, Julio César Espinosa Ramos, Eduardo Morales Reyes, Narciso Arellano Hernández, Inés Rodolfo Cuéllar Rivera, Alejandro Pilón Zacate, Jorge A. Ordóñez Romero y Román A. Ordóñez, presos en el penal de Molino de Flores.

A los presos se les imputa el mismo delito (secuestro equiparado), pero mientras la sentencia contra Del Valle alcanza 112 años de prisión, la de sus dos compañeros en el Altiplano es de 67, y la del resto de 31.

En tanto, Leonel Rivero, quien encabeza la defensa de los 12 pobladores presos, explicó ayer a La Jornada que en enero pasado el cuarto tribunal colegiado en materia penal de Toluca determinó que los fiscales mexiquenses que realizaron las imputaciones contra pobladores de Atenco no acreditaron en el proceso penal la causal de peligrosidad que invocaron para sustentar su petición a la SSP federal, de mantener en el penal del Altiplano a Galindo, Del Valle y Álvarez. Para mantenerlos en esa prisión de máxima seguridad, la SSP federal sustentó su determinación en el Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social.

Rivero aseguró que dicho ordenamiento establece que sólo en casos de excepción (como puede ser el hecho de la alta peligrosidad de un imputado) se puede tener en prisiones federales a reos sentenciados por delitos del fuero común.

Sin embargo, el litigante indicó que, de acuerdo con el artículo primero transitorio de ese reglamento, la norma entró en vigor el 22 de mayo de 2006, es decir, 18 días después de que fueron detenidos los tres atenquenses.

Como claramente se puede apreciar, a Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y a Héctor Galindo les fue aplicado por la autoridad federal un reglamento que aún no entraba en vigor. El artículo 14 constitucional establece que la ley no puede aplicarse de manera retroactiva en perjuicio de persona alguna, refirió Leonel Rivero, quien explicó que este incumplimiento de una sentencia judicial ya fue hecho del conocimiento del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien se ha negado a interceder para que se cumpla la resolución.

Los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 se realizaron con el propósito de desalojar un bloqueo carretero. Durante los dos días, elementos policiacos federales (la antes Policía Federal Preventiva), estatales y municipales se lanzaron sobre la comunidad de Atenco y Texcoco.

Dos jóvenes murieron alcanzados por proyectiles de la fuerza pública: Javier Cortés (14 años) y Alexis Benhumea (20); centenares fueron heridos y hubo más de 300 detenidos.

Varias de las mujeres capturadas fueron torturadas sexualmente por policías participantes en el operativo de Atenco. Hasta ahora, ninguno de esos uniformados ha sido sentenciado.