demás de revelar a la opinión pública, así sea tantito y fuera de foco, la situación de violencia político-criminal prevaleciente en las tierras triquis de la Mixteca oaxaqueña, y la responsabilidad directa en ello del gobierno estatal, el ataque armado contra la caravana humanitaria que se dirigía a San Juan Copala el 27 de abril marca un hito preocupante, en particular en las tierras indígenas, a escala nacional. Entre el fragor de la guerra gubernamental contra el crimen organizado, los pueblos son ampliamente perseguidos. En pocos días tenemos nuevos presos mazahuas en el estado de México y las tierras mayas de Yucatán, representantes comunales levantados y desaparecidos en La Morena (Guerrero) y Ostula (Michoacán), y otro pueblo arrasado, ahora en Santiago Sochiapan (Veracruz).

Lo ocurrido en La Sabana, Oaxaca, ha sido visto como un mensaje. La Red por la Paz Chiapas, al condenar el ataque a la caravana humanitaria, declaró que esta agresión refrenda el riesgo que corren los defensores de derechos humanos, así como los periodistas en México. Conformada por una decena de organismos independientes en Chiapas, la Red expresa preocupación ante la situación de vulnerabilidad en que trabajan estos defensores frente a la cada vez más recurrente violencia política, la criminalización de su labor y la indiferencia estatal para la protección de su vida e integridad física. La citada caravana, compuesta por representantes de organizaciones de derechos humanos, periodistas y observadores internacionales, fue emboscada y agredida con armas de fuego presuntamente por un grupo de la Unidad para el Bienestar Social de la Región Triqui, vinculada al Partido Revolucionario Institucional y señalada como paramilitar.

La red deplora la pérdida de la activista mexicana Beatriz Cariño, y de igual modo nos parece de particular gravedad que, frente a la muerte de Jyri Antero Jaakkola, de nacionalidad finlandesa, el gobierno de Oaxaca esté cuestionando la observación internacional, mecanismo de intervención civil de paz que ha resultado clave para detener la violencia en varios lugares y contextos.

El gobierno de Oaxaca, señalan los organismos, se deslinda de toda responsabilidad en estos hechos de violencia, si bien la impunidad en los numerosos asesinatos y hechos de violencia que se han registrado en la zona triqui han contribuido, mínimamente por omisión, a crear la situación de violencia en la región. Finalmente, manifiestan la sospecha de que como se suele dar en Chiapas, la respuesta a este ataque se quede en una atención limitada a restablecer un mínimo de orden público, sin afrontar las causas de fondo detrás de la violencia que ha prevalecido en la zona triqui.

En este contexto, las candorosas y trogloditas declaraciones del gobernador Ulises Ruiz Ortiz contra los extranjeros y reconociendo que en la Triqui mandan sus aliados paramilitares, apuntan no sólo a la impunidad con que contará nuevamente, sino a una deslegitimación verbal, que podría volverse legal, contra los observadores de derechos humanos, tanto mexicanos como de otras naciones.

El asunto estaba ya en el aire. En días previos a la emboscada en Oaxaca, personas y organismos independientes que acompañan a las comunidades indígenas de Chiapas –entre ellos el Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC) y el Comité de Soutien aux Peuples du Chiapas en Lutte, de París– emitieron el pronunciamiento La solidaridad es nuestro derecho (11 de abril), suscrito por más de 400 personas de 24 países: Denunciamos una campaña en México y en América Latina contra el derecho legítimo de cada persona a solidarizarse con los movimientos y procesos sociales que nos parecen pertinentes. Esta campaña busca estigmatizar, deslegitimar y finalmente criminalizar el hecho de ser solidarios con los movimientos sociales.

En respuesta a una serie de presuntas revelaciones difundidas en ciertos medios en línea e impresos a finales de marzo, sobre personas y grupos solidarios con los pueblos zapatistas, el pronunciamiento internacional señala allí la distorsión total de relaciones solidarias de la sociedad civil con los pueblos, ignorando que el movimiento zapatista, por su causa justa, por saber escuchar a la sociedad civil, por su ética y por la dignidad de sus pueblos, desde 1994 despertó la simpatía y la solidaridad de cientos de miles de personas en México y el mundo.

La emboscada en Copala y la renovada hostilidad de los gobiernos de Oaxaca, Chiapas y Guerrero a la solidaridad civil, marcan un retroceso para nuestras garantías ciudadanas. La solidaridad ha sido siempre, más que un derecho, un hermoso atributo de los mexicanos, y un espacio digno de entendimiento con la humanidad. Una tradición que nos honra. Una ventana con mucho aire. En tiempos como los actuales, México necesita abiertas las más ventanas posibles, no que se las cierren.