esde principios de diciembre de 2009 se sabía que la deuda pública de Grecia era una especie de bomba de tiempo. Y no era la única; había un pequeño arsenal de estas bombas, que se han ido activando en los meses recientes en Europa.

Una de las consecuencias de la crisis financiera y de su consiguiente efecto económico es el aumento del déficit fiscal, la caída de los ingresos del gobierno y la dificultad de cubrir las deudas.

Ese proceso se ha dado en distintas proporciones, unas más graves que otras. Así, hoy destacan en Europa: Irlanda, ya con plan de ajuste; Grecia en plena crisis; Portugal y España en la mira, e Italia un poco más atrás.

La deuda externa de Grecia es de 217 mil millones de dólares y era equivalente a 113 por ciento del producto en 2009; puede llegar a 130 por ciento el año entrante. A otros países de Europa les debe 193 mil millones de dólares; de ellos, 79 a Francia, 45 a Alemania y 15 al Reino Unido.

En todos estos meses la situación no ha hecho más que agravarse financiera, económica y políticamente. Este es un asunto clave para la eurozona y los acuerdos monetarios e institucionales que ahí prevalecen.

La puntilla más reciente a la crisis fue puesta por la calificadora de deuda Standard & Poor’s (S&P) que, de un zarpazo, redujo la calidad de la deuda griega tres escalones (hasta una marca BB+) lo que los pone en situación de chatarra y eleva enormemente el costo de refinanciarla.

Con esto se encarece cualquier intervención planeada por los gobiernos deudores, el FMI y el Banco Central Europeo. Pero no sólo eso, sino que se lleva a la población griega en una situación de alarma ante el severo ajuste que se va a imponer en sus condiciones de vida. Esto sólo amerita una relativamente breve atención en los reportes de la situación, y menos que eso en los informes del mercado.

S&P reprobó la deuda griega y así lo admiten prácticamente sin cuestionamiento los mercados financieros. Pero en realidad ¿quién reprueba? Primero, esa empresa debería explicar qué fue lo que pasó para que de un día a otro redujera su calificación de la deuda griega de modo tan extremo.

Hoy no se puede confiar del todo en el negocio de calificación de la deuda, sobre todo luego del papel lastimoso que tuvieron la misma S&P, Moody’s y Fitch en el desenlace de la crisis del mercado de hipotecas subprima en Estados Unidos desde septiembre de 2007.

Esta es una historia llena de recovecos, entre los que sobresale el problema esencial de que los clientes de las calificadoras son los mismos gobiernos, empresas y bancos que colocan deuda en el mercado.

No hay certeza de si las calificadoras están haciendo su trabajo o, incluso, qué trabajo es el que están haciendo. Pero siguen siendo una piedra angular del sistema de deuda mundial. Calificar deuda es una parte central del negocio del crédito.

El periódico Financial Times citó hace apenas unos días un mensaje electrónico de un analista de S&P en medio de aquel colapso hipotecario a finales de 2007, en el que decía: “Si esta compañía sufre un evento tipo Arthur Andersen (refiriéndose a la empresa de auditoría involucrada en la quiebra de Enron), no caeremos por una falta de ética… No será tampoco por avaricia, que pesa tan poco en nuestras motivaciones. Será por la arrogancia”. Y, bueno, así está el cóctel de penitencias que enmarca la actual situación financiera del mundo.

El caso es que la organización del mercado de deuda sigue girando en torno a las tres calificadoras. Pero la calidad de su diagnóstico es cada vez más incierto. No existen los incentivos para que eso cambie y en la medida en que la situación se tensa, cada una de ellas intentará ganar un margen de utilidad sobre las otras con la consiguiente pérdida de calidad de la calificación que dan.

Sí, este es un profundo caso de virtual conflicto de intereses que no se ha confrontado de manera legal e institucional. ¿Quién regula a las calificadoras de deuda? ¿Cómo operan sus propios consejos de administración? Ahí está hoy el caso de Grecia. Hace falta una aclaración profunda pues atrás de todo esto queda, como siempre, la gente y las graves consecuencias de la crisis económica. De un plumazo las tres calificadoras pueden definir las condiciones de subsistencia de empresas, gobiernos y de millones de personas. Como si los griegos se hubiesen vuelto inútiles de pronto para trabajar, producir y subsistir con decencia.

Reprueba también el gobierno griego que excedió a lo bárbaro su nivel de endeudamiento. Esto ocurre en el marco del funcionamiento de las democracias tradicionales, pero en una situación en la que los ciudadanos quedan al final inermes.

Reaparece así una cuestión clave de la estructura social y económica, que es la del papel del Estado. Son impredecibles las consecuencias políticas que puede acarrear una crisis más general de la deuda en Europa.

Reprueba, igualmente, la estructura institucional europea del mercado y la moneda únicos. Una contradicción clave salta a la vista: mientras los sistemas de producción y financiamiento se globalizan, las instituciones que regulan las relaciones de producción y de intercambio son básicamente nacionales. Esto se advierte en la posición del gobierno alemán en el curso de la crisis griega.

Los rasgos de las crisis financieras tienen muy pocas variantes operativas a lo largo del tiempo. Lo que hace de ésta una situación especial es la magnitud de los recursos involucrados, su extensión territorial y el desarreglo institucional tan grande y que no existía desde los acuerdos de Bretton Woods de la segunda posguerra.

Todavía hay fronteras y geografía, y también historia.