Ensenada, BC, 2 de mayo. Baja California, la entidad federativa donde se inició la alternancia política en México hace 21 años –cuando el Partido Acción Nacional ganó al Partido Revolucionario Institucional su primera gubernatura–, está a la zaga en rendición de cuentas: es el único estado que no ha acatado el mandato constitucional de reformar su marco jurídico para garantizar el derecho de los ciudadanos a la información pública.

Además, es el único estado que carece de un órgano especializado, autónomo e independiente que garantice acceso a esos datos. Sólo cuenta con un consejo ciudadano sin presupuesto, formado por tres consejeros honoríficos.

Armando León Ptanick, presidente del Consejo Ciudadano de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado, indicó que el mandato de reformar la ley debió cumplirse hace dos años.

En marzo de 2007, el Congreso de la Unión reformó el artículo sexto constitucional para elevar a rango de garantía individual el acceso a la información.

En un artículo transitorio, se ordenó a la Federación y a todos los estados de la República crear o restructurar sus marcos jurídicos antes del 20 de julio de 2008 a fin de garantizar la transparencia en el ejercicio del gobierno y por medio de órganos garantes especializados, independientes, con autonomía administrativa y operativa.

Aquí aún no se reforma la obsoleta ley de transparencia aprobada en agosto de 2005. El Poder Legislativo local ni siquiera validó en 2007 la reforma al artículo sexto de la Carta Magna, comentó Margarita Díaz López, presidenta de la asociación civil Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental.

Ante la actitud del Congreso, ciudadanos convocados por el Centro Coordinador Empresarial (CCE) elaboraron una propuesta de ley de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales para el estado de Baja California.

León Ptanick destacó que esta iniciativa ciudadana prevé la creación de un órgano especializado e independiente, con autonomía administrativa, operativa y de decisión, que tendría facultades para exigir que se cumpla la ley en las dependencias de los tres poderes de gobierno estatales, en los municipios y, en general, en todas las instancias que reciben recursos del erario, incluidos los partidos políticos.

En septiembre de 2009 esta iniciativa se presentó al Congreso local, con más de mil 500 firmas. La Legislatura admitió la propuesta el pasado 18 de diciembre, pero no ha dado respuesta.

Armando Terán Corella, diputado que preside la Comisión para la Reforma del Estado, informó que además de la iniciativa ciudadana, dicha comisión analiza otras tres propuestas de reformas a la Ley de Transparencia, entre ellas la presentada por la perredista Ana María Fuentes Díaz y otra firmada los diputados Miguel Ángel Castillo, del PAN, y Carlos Barboza, del PRI.

Adrián Alcalá Méndez, coordinador jurídico del comité técnico del CCE, dijo que la propuesta de Barboza y Castillo viola el mandato constitucional, porque pretende facultar al Tribunal de lo Contencioso Administrativo como órgano garante.

Recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya fijó jurisprudencia al rechazar la pretensión del Congreso de Querétaro de atribuir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos facultades de órgano garante en materia de acceso a la información pública.