l pasado fin de semana José Luis Chávez García, titular de la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM), aseguró que armas de un grupo delictivo mataron el pasado 3 de abril a los menores Bryan y Martín Almanza Salazar (cinco y nueve años), cuando el vehículo en que viajaban con sus padres fue tiroteado y atacado con granadas en Ciudad Mier, Tamaulipas.

Un día después, en un intento por exculpar a las fuerzas armadas de la muerte de los estudiantes Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, el pasado 19 de marzo, en el campus del Tec de Monterrey, el vocero de la Procuraduría General de la República (PGR), Ricardo Nájera, presentó a la opinión pública diagramas, animaciones y un fragmento del video que, por sí mismo, no exculpa a los efectivos castrenses de esas muertes, y aseguró que en el cuerpo de uno de los asesinados se encontró un proyectil calibre .223 que, según el portavoz de la PGR, corresponde al calibre utilizado por la delincuencia organizada.

Lejos de despejar la indignación ciudadana y las dudas en torno a esas muertes, que han pasado a ser emblemáticas de las numerosas pérdidas de vidas civiles causadas en el marco de la guerra contra la delincuencia decidida por la actual administración, las exposiciones de Chávez García y de Nájera han ahondado el escepticismo social y han abierto muchas más interrogantes de las que pretendían responder. En el caso de la tragedia ocurrida en Ciudad Mier, el procurador militar no aportó un elemento sólido para desvirtuar los testimonios sostenidos desde un principio por los padres de los menores asesinados y de un tío de las víctimas, los cuales refieren una agresión simple, brutal e injustificada, realizada únicamente por los uniformados, y la inexistencia de una confrontación armada entre éstos y un grupo de delincuentes.

Sobre los estudiantes muertos en el Tec, en la capital nuevoleonesa, lo dicho y lo mostrado por el vocero de la PGR no esclarecen lo ocurrido ese 19 de marzo, y hasta ofrecen a la opinión pública factores de confusión y desinformación, como es señalar que la delincuencia organizada usa el calibre .223, como si tuviera uno reglamentario, cuando según la propia información oficial los grupos criminales cuentan con varios tipos de fusiles de asalto y de armas cortas de distintos calibres.

Las presentaciones referidas son ejemplos de un irritante estilo de escamotear la verdad y de enturbiar los hechos hasta el punto que resulte imposible esclarecerla, en especial en los episodios de violencia en los que se han visto involucrados efectivos de las fuerzas armadas. Así ha ocurrido a lo largo de la actual administración, desde la muerte de la anciana indígena Ernestina Ascención Rosario, en febrero de 2007, de quien hasta la fecha no se sabe a ciencia cierta si murió a consecuencia de una gastritis crónica no atendida, como aseguró el titular del Ejecutivo federal, de una anemia aguda, como lo aseveró posteriormente la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de parasitosis, como acabó concluyendo la procuraduría veracruzana, o bien a consecuencia de lesiones causadas en una violación tumultuaria por efectivos del Ejército, como señalaron los familiares de la fallecida, agresión que, perpetrada por soldados o no, fue corroborada en la primera autopsia al cadáver.

Las autoridades de todos los niveles piden a la sociedad que les crea pero, por otro lado, minan su propia credibilidad con alegatos autoexculpatorios tan insostenibles como los presentados el pasado fin de semana por la PGJM y la PGR. De esa forma se alienta la impunidad, se acrecienta la confusión y la zozobra sociales, se ahonda el desprestigio de las instituciones y se niega la justicia a los inocentes caídos en el contexto de una estrategia de seguridad pública a todas luces equivocada y fallida.