Lunes 3 de mayo de 2010, p. 28
Cifras de un plan de austeridad sin precedentes: congelamiento de pagos del sector público hasta 2014; los bonos de Navidad, Semana Santa y vacaciones de verano del sector público, también conocidos como los meses treceavo y catorceavo, son abolidos para aquellos que ganan más de 3 mil euros mensuales y serán limitados a mil euros para quienes ganen menos. Estos bonos ya habían sido reducidos en 30 por ciento bajo un paquete previo de medidas de austeridad anunciado en marzo.
Las pensiones del sector público, que representan una parte significativa del ingreso general de funcionarios civiles, serán reducidas en 8 por ciento adicional. Ya habían disminuído en 12 por ciento durante la última ronda de medidas de austeridad.
En el frente tributario, el impuesto al valor agregado (IVA) será aumentado 2 por ciento, a 23 por ciento. Ya había sido incrementado de 19 a 21 por ciento en marzo. Los impuestos internos sobre combustible, cigarros y alcohol subirán 10 por ciento adicional.
El gobierno espera generar ingresos adicionales a través de otro impuesto extraordinario sobre compañías con alta rentabilidad. También impondrá nuevos tributos al juego, más impuestos a la propiedad e impuestos verdes.
En medidas que involucran al sector privado, el gobierno anunció que modificará las leyes que impiden que las compañías despidan a más de 2 por ciento de su fuerza laboral total cada mes. Paralelamente se realizarán cambios en los pagos de indemnizaciones. Se introducirá un nuevo sueldo mínimo, que se aplicará a los jóvenes y a los desempleados por un periodo extenso. Se liberalizarán los mercados de energía, transporte, y se abrirán profesiones cerradas.
En cuanto a las jubilaciones, la edad para lograrla, fijada en 65 años para hombres y en 60 para mujeres, estará ligada al promedio de expectativa de vida; el periodo de contribución mínima para calificar para una pensión completa será gradualmente aumentado desde los 37 años a los 40 para 2015; el retiro anticipado será restringido, con miras a impedir cualquier jubilación debajo de los 60 años; las pensiones serán reducidas para reflejar el pago promedio del pensionista durante el total de su vida laboral, más que el nivel de sus últimos salarios.