La mujeres representan 37.9 por ciento del mercado laboral; sin embargo, su trabajo aún está desvalorado en los ámbitos económico y social, en relación con la fuerza laboral masculina. Por esta razón, con motivo del Día del Trabajo, abogadas laboralistas, investigadoras y organizaciones feministas analizaron la situación de este sector en tiempos de crisis económica.

Rechazaron la iniciativa de reforma laboral presentada por la fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de Diputados, por considerar que se trata de un señuelo en materia de género, ya que refuerza la vulnerabilidad de las mujeres en el mercado laboral.

La abogada laboralista e integrante de la Coalición Pro Justicia en las Maquiladoras, Estela Ríos, aseguró que la propuesta de reforma panista sólo tiene una aparente perspectiva de género, porque en el fondo no soluciona cuestiones tradicionales de la problemática laboral de las mujeres, como derecho a la salud, acoso sexual, falta de acceso a la jornada de tiempo completo y discriminación del trabajo doméstico.

“Trata de incluir un toque progresista, pero en el fondo la iniciativa de reforma, que en realidad es una contrarreforma, afecta a todos los trabajadores y en particular a las mujeres que siempre están en una posición de desventaja social y económica frente a los hombres.

Aborda el tema de acoso sexual, pero no define los mecanismos para poder acreditarlo; entonces, lo trata como elemento subjetivo, que es muy difícil de probar.

Amparo Merino Segovia, profesora de derecho del trabajo en la Universidad de Castilla-La Mancha, España, dijo que la globalización ha hecho que esta crisis tenga características similares en los países afectados, porque estamos en un mundo capitalista, donde lo que se persigue es el predominio del capital en detrimento de los derechos sociales.

Explicó que las reformas que se están llevando a cabo tienen como punto de partida la flexibilidad laboral, lo cual afecta a todos los trabajadores, pero en especial a los sectores más vulnerables, como las mujeres.

Las estadísticas demuestran que cuando hay crisis y se adoptan medidas regresivas para los trabajadores, las sufren más los sectores más vulnerables. En el caso de las mujeres, la flexibilidad las afecta en mayor medida porque se ven obligadas a acceder a trabajos por horas, por conciliar la vida familiar y la laboral, los cuales son peor pagados y sin derechos sociales.

María Elisa Villaescusa, coordinadora de Mujeres Trabajando Unidas, sostuvo que la iniciativa de reforma prohíbe a los patrones exigir a las trabajadoras certificados médicos de ingravidez para ingresar y ascender en un empleo; sin embargo, no tiene efectividad, debido a que el artículo 103 del Seguro Social estipula que las mujeres deben comprobar 30 semanas cotizadas para tener derecho a las prestaciones que por ley le corresponden por maternidad.

En caso contario, los gastos los cubre el patrón, entonces las mujeres siguen atadas a esa ley que no sólo es discriminatoria sino que representa un obstáculo en el mercado laboral. Se debe modificar ese artículo, agregó.

Patricia Galeana Herrera, presidenta de la Federación Mexicana de Universitarias, sostuvo que, aunque entre las mujeres con educación superior la inequidad laboral por cuestión de género no es tan acentuada, tampoco es la excepción. En la actualidad las estudiantes egresan de las universidades con mejores promedios, pero a la hora de insertarse en el mundo laboral sus cargos son inferiores a los de los varones.

Alejandra Sepúlveda, de la organización feminista Pan y Rosas, sostuvo que la propuesta de reforma laboral no obliga al Estado ni a los patrones a que las mujeres puedan deslindar sus responsabilidades domésticas de su vida laboral.

Además, aseveró, que ignora derechos básicos, como el acceso a guarderías, comedores, transporte seguro o seguridad social. Esta iniciativa sólo refuerza la explotación de las mujeres.