La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), profesores de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el embajador de Canadá, Guillermo E. Rishchynski, y decenas de organizaciones condenaron el ataque armado contra la caravana humanitaria que se dirigía a San Juan Copala, Oaxaca, y demandaron a las autoridades investigar con celeridad y eficacia los hechos ocurridos el 27 de abril pasado.

La Relatoría especial para la libertad de expresión de la CIDH, en comunicado fechado en la ciudad de Washington y difundido en el país por organizaciones civiles, demandó que se brinde protección a las comunidades de la zona, cuyos derechos se encuentran amenazados.

En la ciudad de México, activistas se congregaron en la representación del gobierno de Oaxaca para exigirle al gobernador Ulises Ruiz que se esclarezca el asalto armado y se castigue a los paramilitares que perpetraron el hecho, que dejó dos muertos y varios heridos.

Acompañados por Patricia Cilia Olmos, tía del periodista David Cilia, y Mario Ramírez Martínez, padre de la comunicadora Érika Ramírez –quienes escaparon al ataque y el jueves fueron rescatados–, demandaron al gobernador que deje de patrocinar a esos grupos.

Con pancartas en las que demandaban justicia y fin a la impunidad de grupos paramilitares, tales como la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), a la cual señalaron como la agresora, miembros de Serapaz, Católicas por el Derecho a Decidir, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Cencos y del Observatorio Eclesial, entre muchos otros, criticaron que en el país se violenten los derechos y no haya protección para defensores de las garantías individuales.

A su vez el embajador de Canadá en México, Guillermo E. Rishchynski, pidió una investigación imparcial y expedita de los hechos y exhortó al gobierno a tomar medidas concretas para reducir la tensión y la violencia en esta región.

En San Cristóbal de las Casas, la Red por la Paz Chiapas, organización conformada por una decena de organismos independientes en la entidad, expresó su preocupación ante la situación de vulnerabilidad en la que trabajan los defensores de derechos humanos frente a la cada vez más recurrente violencia política, la criminalización de su labor y la indiferencia estatal para la protección de su vida e integridad física.

Subraya que la citada caravana fue emboscada y agredida con armas de fuego presuntamente por un grupo de la Unidad para el Bienestar Social de la Región Triqui, vinculada al Partido Revolucionario Institucional y señalada como paramilitar.

En Oaxaca, los profesores de la sección 22 del SNTE, respaldados por seguidores de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), marcharon ayer para dar cobertura a la entrega de su pliego petitorio al gobierno federal y exigir castigo para los autores materiales e intelectuales de la agresión.

¡No que no, sí que sí, los asesinos del PRI!, y ¡Ojo por ojo, diente por diente, gobierno asesino, la cuenta está pendiente!, corearon a su paso por las calles.

Por último el presidente nacional del PRD, Jesús Ortega, aseguró que Ulises Ruiz está utilizando la violencia como una estrategia con miras a los próximos comicios.