Nuevo Laredo, Tamps., 1º de mayo. El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL) desmintió al procurador de Justicia Militar, José Luis Chávez García, en relación con la muerte de los niños Bryan y Martín Almanza Salazar, el 3 de abril pasado en un retén del Ejército, que el funcionario atribuyó a la acción de sicarios.

Chávez García miente, aseveró Raymundo Ramos Vázquez, presidente del CDHNL. Anunció que con hechos se demostrará que fueron los militares los responsables del doble homicidio.

Dijo que, de acuerdo con las declaraciones ante las procuradurías General de la República (PGR) y General de Justicia del Estado (PGJE), así como ante medios de comunicación locales y foráneos, los ocupantes del vehículo baleado –Martín Almanza Rodríguez, Cinthya Josefina Salazar, Carlos Alfredo Rangel Delgado y Vanesa Viridiana Velázquez Carmona– los responsables de la agresión fueron militares que se transportaban en camionetas pick-up verdes y no civiles armados.

Chávez García olvidó mencionar que desde el momento de la agresión a balazos, uno de los soldados intentó asesinar con su rifle a Carlos Alfredo Rangel Delgado, que desde el momento de la agresión estuvieron bajo la custodia de los militares y que el domicilio de Martín y Cynthia fue cateado la noche del martes 6 de abril mientras la familia se preparaba para velar los cuerpos de los niños, señaló en un boletín el viernes.

Puntualizó: Los sobrevivientes de esta agresión no han tenido acceso a la averiguación previa penal iniciada por la PGJE, ni a las dos integradas por la procuraduría federal, la primera de levantada en la ciudad de Miguel Alemán y la segunda en la sede de la PGR en la ciudad de México”.

Denunció que “la PGR en la ciudad de México negó copias de la averiguación previa penal, en la cual autorizamos a dos personas de confianza, justificando que la señora Cinthya Salazar no está considerada como ofendida, sino testigo de los hechos.

Ante la evidencia de que la procuraduría militar actuará de manera parcial y que no garantiza la correcta aplicación de la justicia, solicitamos al presidente de la República, Felipe Calderón, la renuncia inmediata del procurador Jose Luis Chávez García, y al gobierno de Tamaulipas, de Jaime Rodríguez Inunigarro, por prestarse a esta farsa, concluyó.

Pidió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a ONG de México e internacionales aplicar los mecanismos de protección, auxilio y medidas cautelares para garantizar la seguridad de los sobrevivientes de este atentado del Ejército, incluyendo al personal del CDHNL.