a conmemoración del Día Internacional del Trabajo en nuestro país se realizó ayer en una circunstancia particularmente difícil para los trabajadores mexicanos y sus agrupaciones; en medio de una amplia crisis de representatividad política general, y ante una nueva intentona por escamotear derechos laborales históricos y por dar cobertura legal a la precarización del trabajo que se da de facto desde hace años.

Respecto de esto último, resulta significativa la afirmación hecha ayer por el dirigente de la bancada panista en el Senado de la República, Gustavo Madero, en el sentido de que los trabajadores necesitan de un nuevo marco jurídico que los proteja y les permita mejorar sustancialmente sus condiciones de vida, y defendió, a continuación, el proyecto de contrarreforma laboral presentado por su partido en la Cámara de Diputados, cuya aprobación –dijo– no sólo protegerá los derechos de los trabajadores, sino permitirá la creación de los empleos que nos hacen falta.

La defensa, por parte del legislador blanquiazul, de una iniciativa que preconiza el deterioro de condiciones laborales como supuesta vía para el desarrollo y la creación de empleos; que entre otras cosas plantea obstáculos a la contratación colectiva y al derecho de huelga, y que parece, en suma, perseguir el beneficio de los patrones antes que el de los trabajadores, se incrusta en el proverbial desinterés del grupo que detenta el poder por el bienestar de los asalariados. Tal desinterés, por lo demás, se ve reflejado con la pronunciada caída del poder adquisitivo del salario –indicador que no ha repuntado desde principios de los años 80–, en la implacable contención salarial vigente desde entonces, y en el arrasamiento de conquistas, derechos y asociaciones laborales, algunos de los hilos de la continuidad que van de los gobiernos del priísmo postrero a las administraciones panistas de la última década.

El movimiento obrero, por su parte, se debate actualmente entre los remanentes del charrismo priísta –cuya representación más clara comparte ahora la Confederación de Trabajadores de México con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, controlado por Elba Esther Gordillo–, y la crisis de liderazgo y de consenso que exhibe el llamado sindicalismo independiente, el cual –pese a sus pronunciamientos críticos en torno a la política laboral vigente– no acierta a definir una propuesta de país, y cuyos dirigentes incluso parecieran contentarse con la obtención de curules legislativas y demás posiciones de poder. Un dato significativo, al respecto, es la ausencia, en la concentración de ayer en el Zócalo, del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social, uno de los contingentes más combativos en las marchas de años anteriores y cuyo dirigente, Valdemar Gutiérrez –actual diputado federal por el PAN–, anunció recientemente su ruptura con la Unión Nacional de Trabajadores, y se desmarcó de las críticas que esa central obrera lanzó al proyecto de reforma laboral panista.

En tal circunstancia ha sido puesta de manifiesto una situación por demás exasperante, pues mientras los grandes capitales se han concentrado en los últimos años, en connivencia con el grupo que detenta el poder político, en avanzar una encarnizada lucha de clases en contra de los trabajadores –bajo la mascarada de la flexibilización del ámbito laboral–, éstos han sido sometidos, por distintos frentes, a un discurso que busca neutralizar –a través de lo que Noam Chomsky denominó la fabricación del consenso– algunas de sus reivindicaciones históricas en búsqueda de un desarrollo económico por demás incierto.

Con todo, en la circunstancia presente, el catastrófico desempeño oficial en el ámbito económico, y el intento actual por llevar las condiciones laborales a un nuevo nivel de precarización e incertidumbre, han acabado por tensar la paciencia de los trabajadores del país, y han sembrado una irritación social que se amplía y multiplica, y que puede, si no se atiende a tiempo, desembocar en escenarios indeseables de ingobernabilidad.