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Jueces consideran insuficientes la declaración autoinculpatoria de Barraza y las pruebas

Absuelven en juicio oral al asesino confeso de Rubí Frayre en Juárez

Indignación de ONG y deudos; se faltó al principio esencial de justicia, afirma el gobernador Reyes Baeza; ordena impugnar el fallo y revisar si la actuación del Ministerio Público fue correcta

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Marisela Escobedo Ortiz, al centro, madre de la menor asesinada en 2008, realizó una marcha una semana antes del juicio contra el homicida de su hija. Varios amigos la apoyaron en su protestaFoto Rubén García
Corresponsales
Periódico La Jornada
Domingo 2 de mayo de 2010, p. 30

Ciudad Juárez, Chih., 1º de mayo. Organizaciones de la sociedad civil y deudos de Rubí Marisol Frayre Escobedo mostraron indignación, luego que tres jueces del nuevo sistema de justicia penal, por una duda razonable, absolvieron en un juicio oral a Sergio Rafael Barraza Bocanegra, homicida confeso de su ex pareja sentimental, de 16 años de edad al momento de su muerte, en 2008.

El gobernador del estado, José Reyes Baeza Terrazas, ordenó a la titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Patricia González Rodríguez, impugnar la sentencia en los términos previstos en la ley, interponer un recurso de casación (o reposición del proceso completo) contra la sentencia absolutoria del tribunal oral de Ciudad Juárez que favoreció a Barraza Bocanegra. Asimismo, que revise y valore si la actuación del Ministerio Público fue la correcta.

El mandatario estatal dijo que en su condición de ciudadano, padre de familia y titular del Poder Ejecutivo estatal expresa su indignación contra la decisión del tribunal oral, que con argumentos de técnica jurídica, exculpó a un homicida confeso.

Como abogado sé que el derecho tiene como fin último y supremo la justicia, en este caso tengo la convicción plena de que se faltó a este principio esencial para tutelar los derechos de las víctimas, sus familiares y en general de los ciudadanos, dijo.

Solicitó también al titular del Poder Judicial, Rodolfo Acosta, ordenar una investigación interna relacionada con la conducta asumida por los jueces de este tribunal con el propósito de determinar, si su decisión se apegó al principio de legalidad y al buen juicio en la valoración de las evidencias aportadas por el Ministerio Público.

Baeza Terrazas anunció que convocará a las barras de abogados de Juárez, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos así como a las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, a integrar una comisión con un representante de la PGJE, de la Secretaría General de Gobierno y del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, para que supervise las diligencias practicadas en este caso, con el propósito de dar certeza y transparencia a los ciudadanos.

Un mes antes del juicio, la madre de Rubí Marisol realizó manifestaciones en demanda de un juicio justo y castigo al responsable del asesinato de su hija. La familia reunió y aportó pruebas y testimonios sobre la violencia que ejercía Barraza Bocanegra sobre la menor de edad.

En el proceso, el homicida, que estuvo en prisión preventiva durante un año en espera del juicio, pidió perdón a su suegra por el daño que le provocó con la muerte de su hija.

Duda razonable

Sin embargo, los jueces consideraron que la declaración autoinculpatoria de Barraza Bocanegra y las de los testigos fueron insuficientes para demostrar su responsabilidad, por lo que esta duda razonable les permitió dictar una sentencia absolutoria.

El juicio, que comenzó el lunes y terminó el jueves pasado, estuvo a cargo de los jueces Catalina Ochoa Contreras, presidenta; Netzahualcóyotl Zúñiga Vázquez, redactor, y Rafael Boudid, tercer integrante de la sala.

Activistas integrantes de organizaciones no gubernamentales se reunieron este sábado frente a la Subprocuraduría de Justicia Zona Norte, en Ciudad Juárez, donde demandaron la revisión de la sentencia de absolución otorgada al presunto asesino de Rubí Marisol.

No obstante, el objetivo central de la protesta fue exigir que se investiguen los casos de 34 mujeres desaparecidas o asesinadas en los tres años recientes.

Exigieron cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano en el sentido de adecuar o implementar un dispositivo de búsqueda de mujeres desaparecidas y la rendición de un informe anual.