Ante la decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral (IFE) de no conceder medidas cautelares para retirar los promocionales de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) en los que se descalifica la acción legislativa de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), el sol azteca solicitó formalmente a la secretaría ejecutiva agilizar el proceso especial sancionador que promovió contra la CIRT.

Desde su punto de vista fue una contratación ilegal de anuncios contra instancias partidistas, cuando hay procesos electorales en 15 estados del país.

En un escrito de Fernando Vargas, representante perredista ante el Comité de Radio y Televisión, se sostiene que los criterios aprobados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) apoyan que, si bien la Comisión de Quejas tiene facultades de conocer de urgencia algunas peticiones de medidas cautelares, ello no impide que el Consejo General se pronuncie en definitiva sobre estos temas.

Por ello, en un oficio dirigido a Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo, piden que se realicen las audiencias de pruebas y alegatos para que en su momento la máxima instancia del IFE se pronuncie sobre la controversia CIRT-PAN-PRD.

En la queja originalmente promovida el 20 de abril pasado, el PRD aduce ilegalidad de la compra y difusión de los promocionales.

Se alude a las disposiciones legales que indican que ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda de radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos ni en favor ni en contra de los partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular.

Para el PRD el mensaje de la CIRT incurre en un ilícito, pues en él se señala expresamente que “México requiere legislar con responsabilidad y visión de Estado. El PAN, con el apoyo del PRD, presentó una iniciativa de ley excluyendo a los operadores de la industria de la radio y la televisión de un debate de la mayor trascendencia (…) Nos preocupa que se pretenda legislar apresuradamente y con fines partidistas”.

En la queja promovida se solicitaban las medidas cautelares para evitar, decía el PRD, que se impactara en los 15 procesos electorales que están en marcha. Sin embargo, durante la sesión del pasado viernes los consejeros Marco Antonio Baños, Marco Antonio Gómez y Virgilio Andrade decidieron que no había lugar a la aplicación de las medidas cautelares.

Los consejeros juzgaron entonces que las frases incluidas por la CIRT en el anuncio contratado para desacreditar el trabajo legislativo de PAN y de PRD no inciden directamente en las campañas en marcha –en las que, por cierto, se renuevan 14 congresos locales–, pues no se advierte que el promocional materia de la solicitud de medidas cautelares tenga como finalidad influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ya que no hace referencia a expresiones relacionadas con alguna contienda electoral o plataforma partidaria, y exclusivamente emite una crítica sobre asuntos directamente vinculados con los intereses de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión, aunado a que el contexto en el que se emite resulta congruente con las discusiones que se efectúan en el seno del Congreso de la Unión, con relación a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales.

El oficio del PRD pretende que el IFE se pronuncie sobre el fondo del asunto y se sancione a los empresarios de la radio y la televisión, por lo que a su parecer es la contratación ilegal de anuncios.