Senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), académicos y organizaciones civiles exigieron a las autoridades de Oaxaca se investigue la agresión en contra de las 22 personas que integraban la caravana de observación y ayuda que se dirigía al municipio de San Juan Copala, en la Mixteca oaxaqueña, y de la que dos personas resultaron muertas.

Luego de confirmarse el deceso del ciudadano finlandés Tyri Antero Jaakkola, la embajadora de Finlandia en México, Ulla Marianna Vaisto, informó que tres personas de la representación diplomática salieron de la ciudad de México rumbo a Juxtlahuaca, Oaxaca, para identificar el cuerpo y realizar los trámites necesarios para que el cadáver sea trasladado a su país.

En breve entrevista telefónica dijo que se comunicó con la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, y con personal de la representación del gobierno de Oaxaca, a quienes también les solicitó se investiguen y esclarezcan los hechos para que los responsables de la agresión sean castigados bajo las leyes mexicanas.

La embajadora externó su tristeza por los acontecimientos y precisó que Jaakkola trabajaba en un proyecto de cooperación para el desarrollo en Oaxaca. También informó que ha recibido llamados de familiares de finlandeses que se encuentran en México, para conocer sobre su paradero y estado de salud. La diplomática dijo que, por lo pronto, no se ha considerado emitir alguna alerta por el incidente que se registró en Oaxaca, aunque ya existe una advertencia para que los viajeros tomen precauciones debido a la violencia generada por la lucha contra el crimen organizado.

Por otro lado, los senadores perredistas Salomón Jara Cruz y José Luis García Zalvidea condenaron el ataque e informaron que llevarán el caso a la tribuna en la sesión de este jueves. Expondrán que esta región es una de las más marginadas y atrasadas, a las que el gobierno del estado tiene olvidada; es de difícil acceso y es un lugar donde no hay ley ni gobernabilidad. Es una zona donde el gobierno nunca ha podido crear las condiciones para que ahí se resuelva un problema ancestral.

A este reclamo de justicia se sumaron el Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño, Fundación para la Libertad de Expresión, Frente Amplio Opositor a Minera San Xavier, Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), Red Nacional de Resistencia Civil contra las Altas Tarifas Eléctricas, la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos, así como estudiantes y profesores de posgrado en Desarrollo Rural de la Universidad Autónoma Metropolitana. Silvia Mendoza, alumna de la UAM, aseguró que entre las personas que perdieron la vida se encuentra Beatriz Cariño Trujillo, hermana de Carmen Cariño, estudiante de posgrado en desarrollo rural.

A su vez, David Cilia, padre del desaparecido fotógrafo de la revista Contralínea, del mismo nombre, narró que al llegar la mañana de ayer a Santiago Juxtlahuaca –ubicado a una hora de San Juan Copala– vio cómo las grúas de la policía estatal trasladaban los cuatro vehículos baleados, todos con impactos de bala; una Suburban blanca con el logotipo del Frente Nacional Indígena y Campesino, tenía mucha sangre en su interior.

El vehículo rentado –compacto de color gris metálico– que manejaba el fotógrafo tiene varios impactos, algunos en la parte baja del respaldo del asiento del conductor. Quiero pensar que las balas no lo tocaron, pero temo que esté herido. Aquí no hay ninguna autoridad que dé información ni a quién acudir. La policía sólo entró a San Juan Copala para retirar los cadáveres y los vehículos, pero no hay una investigación pericial, dijo.

Comentó que los números telefónicos que le proporcionaron correspondían a la delegación de la Procuraduría General de la República en Tabasco, y cuando logró comunicarse con la delegación de la PGR en Oaxaca, le respondieron que desconocían los hechos. A 40 minutos de La Sabana, en donde fue la agresión, hay un cuartel del Ejército y no hicieron ni hacen nada por detener a los agresores. La policía estatal se pasea por las calles de Juxtlahuaca como si no hubiera pasado nada. Se ve que los asesinos actuaron con impunidad y ello demuestra que el estado está reconociendo que el territorio es de los paramilitares.